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Los detalles del negocio de las drogas que involucran al ex líder de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) en Bolivia, general René Sanabria, siguen circulando en los medios de prensa internacionales y, sobre todo en los diarios chilenos, acrecentando aún más la vergüenza nacional y desnudando la fragilidad de los servicios de seguridad del Estado Plurinacional.

Dos botellas de whisky, cigarrillos y una trampa tendida en un hotel de la portuaria Arica, en el norte de Chile, entre la DEA, organización antidrogas de Estados Unidos, y carabineros chilenos encubiertos fueron suficientes para la captura más deshonrosa de una autoridad boliviana, para colmo encargada de la inteligencia contra el narcotráfico.

Pero el seguimiento no fue corto, se desarrolló durante varios meses contra Sanabria y su banda, por lo que la duda sobre por qué el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Defensa Social, la FELCN y la propia Policía no los detectaron es mayúscula y lleva a la conclusión de que existió una grave ineficiencia y descontrol. Si quedara un resquicio de hidalguía se reconocerían los hechos y no se culparía a intereses externos que supuestamente buscan desprestigiar la imagen del Gobierno del presidente Evo Morales.

Según las informaciones que se publican en los más importantes diarios de Chile, teniendo como fuentes a las autoridades antidrogas de ese país, el embarco de 144 kilogramos de cocaína desde nuestro país vía Arica a Miami, del que se acusa a Sanabria, no era el primero, ya que se habrían realizado más de una decena. Y eso es lo que preocupa, porque tienen que haber, entonces, muchas personas involucradas. Tantos envíos realizó Sanabria que, seguramente, tuvo decenas de cómplices.

Entre los justificativos del Gobierno, en el comprensible intento por sacudirse el polvo que ha dejado en las oficinas de seguridad del Gobierno el caso, sobresalen las expresiones del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que ha dicho que el general Sanabria ocupaba un puesto de cuarta o quinta línea en el ministerio.

No, la oficina que dirigía el jefe policial era de la más alta confianza del ministro, pues estaba destinada a reemplazar las tareas de la DEA en Bolivia. Entonces su importancia era enorme si se tiene como cierto que el Gobierno boliviano pretende una frontal lucha contra el narcotráfico.

Es tiempo de asumir la ineficiencia con valentía y honestidad, pero sobre todo con entereza para reconducir las tareas antidrogas.

El país no puede sentirse tranquilo si en el seno del Ministerio de Gobierno se anida una banda de narcotraficantes liderados por policías.


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