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En los últimos meses se ha acelerado el número de huelgas y paros en el país impulsados por el fallido gasolinazo, el aumento de la inflación y otros desajustes económicos. El Gobierno está cosechando lo que sembró.

Desde la política, ha creado una hiperinflación de expectativas en la sociedad. Con base en datos macroeconómicos, muy bien empaquetados en la propaganda oficial, se mostró un boom de riqueza que nunca llegó a generar diversificación productiva y empleo sostenible.

Con la nueva Constitución Política se prometió la felicidad económica instantánea.

Ahora, pasada la luna de miel, ciertos movimientos sociales quieren el pedazo de paraíso ofrecido, para esto recurren a una vieja práctica: el salarialismo, pensamiento que cree que dividiendo la misma torta en más pedazos, ésta crece automáticamente.

Después de cinco años de relativa estabilidad política todo indica que los problemas económicos le comienzan a pasar la factura al Gobierno, que sobreconcentró su energía en la acumulación de poder. Sabemos por experiencia propia e internacional que la inestabilidad social y sindical compromete seriamente el crecimiento y el desarrollo económico.

Las vías más conocidas a través de las cuales los conflictos sociales afectan el desempeño económico de un país son: 1) A mayor cantidad de huelgas, menor serán los días trabajados, lo que compromete la productividad media de la economía. 2) Las huelgas y bloqueos crean un clima de incertidumbre macroeconómica, política y social, que desestimula las inversiones. 3) Reivindicaciones sociales exitosas capturan rentas estatales dejando menos recursos para la inversión pública.

Según el Observatorio y Análisis de Conflictos Sociales en Bolivia del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), en el periodo 1970 – 2010 se habrían registrado 13.897 conflictos.

En 40 años de historia económica y social, prácticamente se registró un conflicto por día, este resultado sale de dividir los casi 14.000 conflictos entre 40 años (480 meses), lo que registra 347 huelgas o paros por año, es decir, cada día alguien, en todo este tiempo, estaba protestando con buenas o malas razones.

En la era democrática, la administración del Gobierno de Hernán Siles tenía el récord de huelgas, paros y otros eventos, 1.825, lo que da un promedio de 54 eventos por mes. Cabe recordar que éste fue el periodo de la hi-perinflación que destruyó a la economía boliviana.

Durante la gestión Paz Esten-ssoro hubo 1.180 problemas sociales, resultando un promedio de 24,6. Aquí se inicio el periodo neoliberal.

Paz Zamora tuvo 968 huelgas y movilizaciones, lo que significa un promedio mensual de 20,2.

En el primer Gobierno de Sánchez de Lozada se verificaron 631 conflictos, el promedio mensual fue 13,1.

El Gobierno del general Banzer tuvo 1.364 eventos. Jorge Quiroga 355 y el segundo Gobierno de Sánchez de Lozada soportaron 518 movilizaciones sociales.

El Gobierno de Carlos Mesa también registró una alta conflictividad con 1.042 eventos, lo que arroja un promedio de 52,4 por mes.

La corta administración del presidente Eduardo Rodríguez registró 248 conflictos.

Todas esta información se encuentra detalladamente analizada en: “38 Años de conflictos sociales en Bolivia”, de Roberto Laserna y Miguel Villarroel.

Los datos actuales del CERES muestran que durante la administración del presidente Evo Morales, hasta diciembre del 2010, se habrían registrado 2.973 eventos, es decir 50,4 conflictos por mes, siendo el último año el más conflictivo, con 811.

Este resultado acumulado en más de cinco años de gestión constituye un nuevo récord de problemas sociales desde 1970.

En el primer trimestre de 2011, la intensidad del conflicto social en Bolivia ha aumentado, según cifras preliminares, se han producido 240 conflictos (67 en enero, 91 en febrero y 82 en marzo).

Según otra fuente, la Fundación Unir, sólo en enero del año en curso se habrían registrado 114 movilizaciones. De todos estos eventos sociales, más del 50% están vinculados a medidas económicas, gestión administrativa y situación laboral.

Los conflictos sociales hacen parte de una sociedad democrática, no se trata de negarlos sino de crear una institucionalidad que ayude a mediar las diferencias entre los actores económicos y sociales para que no todos terminen en las calles, entre algunos ejemplos de institucionalidad, sea de carácter organizacional o instrumental, podemos mencionar: consejos de desarrollo productivos con la participación de trabajadores, productores, empresarios y Gobierno; pactos económicos que se traduzcan en presupuestos plurianuales que establezcan metas pactadas de inflación, reajuste salarial, metas de productividad, inversión y empleo; negociaciones colectivas entre trabajadores y empresarios; redes de protección social en casos de crisis.

La conflictividad social en Bolivia ha vuelto a sus tendencias históricas, lo cual es una mala señal para la economía.

Revivimos una vieja película: La sociedad bloqueada, siendo que los papeles se han invertido y ahora el bloqueador está bloqueado. El Gobierno que tenía la mayor fortaleza política y legitimidad de los últimos 30 años es víctima de los movimientos sociales que lo llevaron al poder.



Gonzalo Chávez A. es economista.


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