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Radio Patujú

Indígenas caminan sobre el asfalto bajo un apacible día soleado.
En la plaza principal José Ballivián de Trinidad, el Comité Cívico del Beni recibe donaciones para la marcha en contra de la construcción de una carretera por el medio de un territorio originario. “No más coca en el TIPNIS” y “Respero a los derechos de los pueblos indígenas” se lee en dos carteles.

No tan lejos quedaron los días en los que esa misma institución bloqueaba aeropuertos y evitaba que se realicen actos gubernamentales de saneamiento y titulación de tierras en las áreas rurales del Beni. Eso sucedió en 2008. “Nosotros casi no tenemos recursos, así que aportamos a la lucha recibiendo donaciones. Los indígenas sólo piden respeto a su territorio y cumplimiento de derechos establecidos en la Constitución Política del Estado”, dijo la vicepresidenta cívica Mónica Núñez Vela a Página Siete mientras entregaba bolsas de fideos, arroz y otros víveres a miembros de la Central de Pueblos Indígenas del Beni.

El comité de aquel departamento fue una de las entidades que encabezó la campaña por el No a la Carta Magna entre 2008 y 2009, y durante todo el periodo de confrontación política de esos años estuvo distanciado del movimiento originario; por aquellos años alineado al Movimiento Al Socialismo.

El ex presidente cívico beniano Alberto Melgar está detenido en el penal de Palmasola (Santa Cruz), acusado por el Ministerio Público de presunto alzamiento armado, sedición y terrorismo.

Enfrentamientos

Los miembros del comité protagonizaron, por ejemplo, varios enfrentamientos contra las comunidades originarias y los campesinos en Riberalta entre 2007 y 2009. Ayer, una delegación de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia se acopló a la caminata.

Así como la institución trinitaria, son varias las figuras, partidos y agrupaciones que se opusieron a la Constitución Política y que ahora revelaron su respaldo a los derechos de los pueblos indígenas y del Isiboro Sécure.

La bancada parlamentaria de la opositora Convergencia Nacional, por ejemplo, respalda la movilización y durante las últimas semanas ha reclamado con insistencia al Gobierno que atienda las demandas de la columna de marchistas.

Lo mismo sucede con la Gobernación cruceña dirigida por Rubén Costas y los cívicos de aquel departamento. En su momento, todos ellos rechazaron el proyecto constitucional y votaron por el No a la CPE en el referéndum del 25 de enero de 2009.

La súbita adhesión de las fuerzas de oposición a la marcha a La Paz que protagonizan los comunarios del Isiboro Sécure y agrupaciones de seis departamentos provocó desconfianza en los ciudadanos que desean aportar a la marcha. En Cochabamba, las agrupaciones que apoyan la movilización están divididas por esa causa y en la sede de Gobierno se alista un nuevo colectivo de apoyo y recolección de donaciones para evitar que “la causa se politice”. En pasados días hubo marchas de apoyo.


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