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El presidente Evo Morales afronta el conflicto más crítico de su Gobierno. Antes de la controversia por el TIPNIS, el pico más alto de conflictividad fue el gasolinazo.

Octubre de 2006. Mineros sindicalizados y cooperativistas se enfrentaron por el control del yacimiento estañífero de Posokoni, que dejó un saldo de al menos 13 muertos. Éste fue el primer conflicto grave que afrontó el Gobierno.

Enero de 2007. Cocaleros y afines al MAS se enfrentaron con seguidores del ex prefecto opositor Manfred Reyes Villa, que provocó tres muertos.

Noviembre de 2007. La demanda de la población de capitalidad plena para la ciudad de Sucre derivó en tres muertos como consecuencia de choques entre civiles y efectivos del orden.

Septiembre de 2008. Las prefecturas opositoras y los comités cívicos de la llamada “media luna” tomaron instituciones estatales, aeropuertos y cometieron actos de racismo en contra de indígenas. En Pando hubo una masacre que terminó con al menos 11 muertos, entre indígenas y seguidores del ex prefecto opositor Leopoldo Fernández.

Agosto de 2010. El Comité Cívico de Potosí organiza un paro, que duró 19 días, demandando atención a su pliego regional. La movilización dejó paralizado el sur del país y pérdidas económicas.

Diciembre de 2010. El Gobierno lanza el gasolinazo en plena Navidad. La medida, que genera el incremento de precios, es rechazada por sectores sociales y defendida por organizaciones afines al MAS, como la CSUTCB. La presión de la población movilizada hace que el presidente Evo Morales retroceda y el 31 de diciembre la orden fue abrogada.

Abril de 2011. La Central Obrera Boliviana (COB), que anteriormente fue aliada del Gobierno, activa un conflicto por incremento salarial mayor al 10% conforme a la inflación como consecuencia del gasolinazo.

Agosto y septiembre de 2011. Indígenas, otrora aliados del MAS, inician en Trinidad una marcha en rechazo a la construcción de una carretera que atravesará el TIPNIS. El destino es la sede de Gobierno, es decir, casi 500 kilómetros de caminata.

Transcurrieron 46 días de movilización. El Gobierno intentó desactivar el conflicto en cuatro ocasiones, pero fracasó.

El último intento por dispersar la marcha indígena fue la represión policial, pero el plan salió mal debido a la resistencia de civiles en San Borja y Rurrenabaque. La Policía retrocedió.

Tras el evento marcado por abusos y violencia, surgió una ola de críticas de organismos defensores de derechos humanos y la sociedad. Esto ha derivado en un remezón. Renunciaron dos ministros y otras autoridades del Ejecutivo.



Apuntes para destacar

Estrategias El Gobierno intentó desactivar la marcha indígena, pero las cuatro estrategias que lanzó fracasaron.





Descalificación Los líderes de la caminata hacia La Paz fueron acusados de favorecer a la “derecha”, de tener vínculos con ONG, la embajada de Estados Unidos, políticos como Manfred Reyes Villa, empresas madereras y otros.





Fracaso Esta oleada de acusaciones no logró dividir la marcha indígena, sino la fortaleció aún más pese a que más de 200 marchistas se alejaron de la caminata.





Represión En Yucumo, colonos aliados del MAS instalaron un bloqueo para evitar el paso de la marcha indígena. La Policía también cerró el paso y reprimió, pero fracasó.




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