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Archivo Página Siete

La empresa brasileña realiza trabajos en los tramos I y III.
El MSM denunció que una de las cláusulas del contrato de crédito suscrito entre el Estado boliviano y el banco estatal de Brasil, BNDES, que financia la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, autoriza la resolución de controversias en tribunales brasileños, lo que viola la Carta Magna.

El parágrafo II del artículo 320 dice a la letra: “Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a la leyes y autoridades bolivianas”.

El BNDES financia la mencionada carretera por un monto de 332 millones de dólares y la empresa brasileña OAS es la que se adjudicó la obra bajo la modalidad llave en mano.

Aida Camacho, abogada de Juan del Granado, quien en su calidad de miembro del secretariado ejecutivo nacional del MSM denunció ése y otros hechos a la Fiscalía, explicó que el trasladar a tribunales brasileños la resolución de controversias es una “contravención flagrante” a la Constitución.

En el memorial se explica que con ello se incurrió en el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política y las Leyes, previsto en el artículo 153 del Código Penal.

En la demanda, que fue interpuesta ante el Ministerio Público el 26 de septiembre, también se denuncia la comisión de otros presuntos delitos como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Las personas denunciadas son Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC, y otros ejecutivos.

Según la denuncia, existen otras observaciones sobre la construcción de la vía.

Una de esas presuntas anomalías está referida al precio. Cada kilómetro tendrá un costo de más de 1,3 millones de dólares (sin pavimento) siendo que a la fecha el precio más alto que llegó a pagar el país asciende a 722.200 dólares en el caso de la vía El Carmen-Arroyo Concepción.

El precio de la carretera, según la denuncia, es alto porque el 80%, 207 kilómetros, está constituido de puentes y sólo 97 kilómetros es carretera.

Entre otras observaciones, según la jurista, la cláusula 37 libera a la empresa brasileña OAS de la provisión de asfalto, cuando en principio estaba obligada para hacerlo, pero ahora se transfiere esa obligación a la entidad contratante.

Asimismo, por tratarse de un contrato llave en mano, la empresa tenía la obligación de hacer mantenimiento durante cinco años, pero el contrato la libera de esa responsabilidad y la obra queda sin ninguna garantía.

Además de ello explicó que el modelo de contrato y el documento suscrito no son el mismo, lo que hace evidente una ventaja para OAS.



La polémica carretera

Obra El Decreto Supremo 26996 del 17 de abril de 2003 autorizó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos como parte de la red vial fundamental.





Acuerdo El contrato para la construcción de la carretera fue suscrito el 4 de agosto de 2008.





Precio Tiene un costo total de 415 millones de dólares, de los cuales 332 corresponden a un crédito otorgado por el banco estatal de Brasil.





Conflicto Los indígenas de la zona se oponen a la construcción del tramo II de la carretera porque afectará el área forestal del TIPNIS.




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