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El vicepresidente Álvaro García Linera interpretó la Constitución Política del Estado. Dijo que para la construcción de una carretera no se requiere de consulta previa, sino solamente para la explotación de hidrocarburos y la minería.

El artículo 30 de la Carta Magna que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas en su inciso 15) señala que los indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

“En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto de la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”, señala la norma.

García Linera dijo, en rueda de prensa, que con la construcción de la carretera no se pretende explotar recursos naturales, como hidrocarburos o minerales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), explicó por su parte que “la consulta previa es un instrumento que está en la Constitución y que está en la ley, específicamente y expresamente reservado para el tema de la explotación de recursos naturales y la construcción de la carretera, no es explotación de recursos naturales, la construcción de vías de integración no es un tema referido a recursos naturales, hay una incorrecta interpretación, pero hay que destacar que existe esa voluntad de llevarla, y, sobre todo, hacer un referéndum que es la madre de todas las consultas”.

Estos argumentos surgen después de que se denunció la vulneración de derechos indígenas consagrados en la Constitución y como contraparte a los cuestionamientos de por qué no se realizó una consulta previa antes de firmar contrato con la empresa constructora OAS y, además, recientemente el Gobierno promueve un referéndum.
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