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Los tres meses de conflicto generado por la construcción de una carretera por el TIPNIS le costaron al Gobierno la pérdida de algunos de sus operadores históricos, cuestionamientos al gabinete y la ruptura de la relación con la CIDOB, que ya no tiene representantes en el Ejecutivo.

El oficialismo no sólo tuvo que resignar la suspensión del proyecto carretero entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, sino afrontar problemas dentro de sus filas y con sus bases.

El gabinete

El Consejo de Ministros es el que quedó peor parado después de superada la crisis; movimientos sociales que estaban a favor y en contra de la vía apuntaron contra ellos como responsables de profundizar el conflicto.

La anterior semana, el titular de Comunicación, Iván Canelas, hizo cuentas: se enviaron 36 cartas a los marchistas, 11 ministros fueron al encuentro de la columna y se crearon 17 comisiones “de alto nivel” para lograr un acuerdo antes de la llegada a La Paz.

Estas cifras, en lugar de ser tomadas como una prueba de la actitud conciliadora del Ejecutivo, fueron interpretadas como una muestra de la “incapacidad y poca voluntad” de los principales operadores del Ejecutivo.

“Nosotros consideramos que el presidente Evo Morales expresa su voluntad, pero quienes realmente hacen que esa voluntad se tergiverse son los propios ministros”, acusó el presidente de la Subcentral de Pueblos del TIPNIS, Fernando Vargas.

Los marchistas identificaron a Carlos Romero como uno de los principales responsables del conflicto y en un par de oportunidades lo vetaron de las negociaciones. De hecho, el ministro de la Presidencia mantuvo bajo perfil en las charlas finales de Morales con los indígenas.

Los indígenas relataron que los miembros del gabinete repetían -en todos los encuentros- que no podían negociar sobre la carretera con el argumento de que su construcción “era una decisión ya tomada por Evo”.

Por su parte, la CSUTCB y las Bartolinas también pidieron la salida de algunos ministros acusándolos de “obstruir al proceso de cambio y estar alineados con la derecha”. Los responsabilizaron del fracaso para neutralizar el conflicto por el TIPNIS.

Finalmente la solución no salió del Ejecutivo, sino de una comisión del Órgano Legislativo que vislumbró un acuerdo a través de una ley de protección.

Las salidas

Primero fue la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón, que no toleró la represión que sufrieron los indígenas. Después otras cuatro salidas se hicieron públicas por lo que pasó el 25 de septiembre (ver cuadro).

La más notoria fue la del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien cedió para someterse a la investigación. El otrora hombre fuerte del Ejecutivo es uno de los históricos en la plana mayor del oficialismo.



CIDOB ya no está; Conamaq, en duda

“Seguiremos provocando dolores de cabeza hasta 2015 si no reconocen nuestros derechos”, adelantó el presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia, Adolfo Chávez, a tiempo de precisar hasta cuándo dura su gestión frente a la CIDOB.

El mismo dirigente, días antes, le dijo al presidente Morales que los pobladores de tierras bajas no eran sus enemigos. Sin embargo, la entidad indígena ya no es parte del Gobierno. Su último representante, el ex director del Servicio de Áreas Protegidas Adrián Nogales, fue alejado por haber criticado la carretera por el TIPNIS cuando aún estaba en funciones.

Mientras tanto, Rafael Quispe, del Conamaq, señaló que Evo Morales ya no es reconocido como líder de los pueblos indígenas. Esta organización tendrá cambio de autoridades en los próximos meses.




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