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El diario económico brasileño Valor Económico ha señalado que la empresa OAS de ese país está dispuesta a aumentar los 250 millones de dólares adicionales que costaría la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos con el nuevo trazo que bordeará el TIPNIS. La obra, por tanto, terminará costando 665 millones de dólares; el 80% sería financiado, como en el primer contrato, por el BNDES, el banco de desarrollo del Estado brasileño.

Según las estimaciones de las autoridades brasileñas consultadas por ese diario, la ruta tendrá 200 kilómetros adicionales a los 306 establecidos originalmente. El promedio de costo de construcción se mantiene en 1,3 millones de dólares por kilómetro lineal, es decir un 80% más caro que caminos similares. Ninguna autoridad boliviana ha confirmado esa estimación.

No es una buena noticia que Brasil esté dispuesto a seguir aumentando el crédito para ese camino sin que se resuelvan primero los aspectos ambientales y, tan importantes como ellos, los administrativos: primero debe hacer un buen estudio de prefactibilidad (que puede durar entre uno y dos años) antes de hacer una nueva licitación, en la que empresas constructoras hagan sus ofertas. Como lo ha señalado la Contraloría General del Estado, para calcular el precio de 415 millones de la ruta original, la ABC simplemente utilizó un trabajo (casi escolino) de 12 páginas de extensión, que al parecer incluso carece de croquis, por no decir mapas de ingeniería, que no era, por supuesto, un proyecto de prefactibilidad. Y con ese documento, realizado por un consultor desconocido en el mundo de la construcción y del que no se conocen más trabajos relevantes, ¡el país va a erogar 415 millones de dólares, más 30 millones de dólares adicionales por el asfalto que el Estado le regalará a la empresa OAS según el contrato!

Añadir 250 millones de dólares al proyecto lo único que hará será seguir aumentando un posible sobreprecio (como lo han denunciado partidos opositores, entidades de ingenieros, autoridades de un viceministerio y ex funcionarios del SNC, etc.), ya no de 200 millones de dólares, sino de 300.

Ya que el Presidente ha tomado la buena decisión de que la vía no atraviese el TIPNIS, debe tomar ahora otra, aun más patriótica: suspender los contratos y empezar el plan como se debe, desde la licitación de las consultoras que deben hacer un (verdadero) proyecto de prefactibilidad, hasta la invitación pública a empresas que se encarguen de la obra.

No hacerlo dejará en la nebulosa un aspecto grave, como es un posible sobreprecio. Hasta ahora, las acusaciones de corrupción contra el Gobierno habían sido escasas y esporádicas y en todo caso menos frecuentes que las que sufrieron regímenes anteriores. Eso podría cambiar.


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