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Agobiado por los constantes paros de la Caja Nacional de Salud, el Gobierno volvió a poner en vigencia una disposición que autoriza a las entidades públicas y privadas a desafiliarse de la Caja y pasar a cualquiera de las siete aseguradoras de salud que tiene el país.

Esta disposición contradice una política que viene de los años 50, la cual obliga a todas las empresas a trabajar con esta institución, con la excepción de las que pertenecen a sectores (bancario, universitario, etc.) que lograron permisos especiales para crear sistemas propios.

La medida se tomó por primera vez hace cinco años, pero fue suspendida porque ocasionó una merma en la clientela de la Caja y por presión de los empleados, que ahora se han declarado en paro a causa de su retorno. No podía esperarse otra reacción de su parte, como veremos.

La decisión en sí misma es excelente. No cabe duda de que la causa principal de que la Caja se encuentre en un estado calamitoso es su captura por parte de grupos que se sienten propietarios de ella y la han reducido a la condición de medio de sustento y botín.

Son grupos de trabajadores y médicos que aprovechan su inamovilidad para trabajar menos de lo que deberían y para abusar de los recursos de la institución. Tratan mal e incluso se equivocan con los pacientes, pero gozan de impunidad. Y están asociados a funcionarios involucrados en graves casos de corrupción.

La situación es tan desalentadora que hace un par de años un gerente de la Caja fue asesinado –un crimen que aún no se ha esclarecido–.

Ni este Gobierno ni los anteriores han podido hacer algo contra estos grupos que, dada la dimensión de su privilegio, debemos calificar prácticamente como “mafia”. ¿Por qué? Porque ellos están defendidos por los sindicatos, que con la fuerza de la huelga y el bochinche resisten todos los controles e impiden cualquier innovación.

Ahora bien, una institución sólo puede funcionar como una fuente de ingresos mal habidos cuando por alguna razón se impide la competencia. Que los públicos cautivos generan ineficiencia e inmoralidad resulta evidente por sí mismo.

De ahí que la medida del Gobierno haya causado una fuerte reacción. Lo que las autoridades presentaron como una advertencia contra los paros tiene la potencialidad de convertirse en la llave de la transformación del sistema público de salud, y los sindicatos lo saben. Al concebirla, la ministra de Salud inició una batalla fundamental para el país, la batalla por recuperar la Caja, que apoyamos y que esperamos ella sepa librar con inteligencia y valor.


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