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ABI

Los ministros de Gobierno, Wilfredo Chavez, y de Transparencia, Nardi Suxo, en conferencia de prensa hoy.
El Gobierno rechaza el informe emitido ayer por el Defensor del Pueblo sobre la intervención policial de la marcha indígena el 25 de septiembre, informó hoy en una conferencia el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez.

La autoridad explicó que el rechazo se debe que el informe no es objetivo al igual que las recomendaciones porque se obviaron elementos de fondo y forma de los hechos suscitados el 25 de septiembre en Yucumo.

Para Chávez el informe del Defensor del Pueblo sesga algunos hechos que llevaron a la intervención policial de la marcha como el que el Gobierno cumplía una función, toda vez que el Estado tiene el deber de preservar la seguridad de todos los habitantes del país y defender el Estado para lo cual debe tomar las medidas pertinentes. Esa es la función básica que obvia el informe, dijo.

Por otra parte, el Ministro de Gobierno criticó el hecho de que el Defensor determina una sentencia tomando atribuciones que le competente a la Fiscalía. “Suple las funciones del juez y fiscal en el informe. Es lamentable que se tuerza de esta manera una función del Defensor, desviando la naturaleza del informe y generando un clima de previo juzgamiento de las personas, apresurada e injusta”, expresó Chávez.

Por tanto, las recomendaciones -que además son individualizadas- son inatendibles, adelantó el ministro para quien el informe está en el campo administrativo y es uno más de los que se hicieron sobre el tema.

Por su parte, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, se declaró sorprendida por el tenor del informe al cual calificó de sesgado y de no estar dentro lo que estipula la Ley 1818 del Defensor del Pueblo.
 
“Parece una sentencia y no un informe defensorial. Posiblemente el Defensor está mal asesorado”, dijo comparando con los informes emitidos en la gestión de la primera Defensora del Pueblo, los cuales aseguro que “eran objetivos en relación a la vulneración de derechos humanos”.

Suxo criticó que el informe no hable de la utilización de niños y mujeres embarazadas. “No hace referencia al riesgo inminente, del peligro de la vida de los que estaban bloqueando y los marchistas. Había un riesgo inminente de su vida”, señaló la Ministra. Enfatizó en que el informe “no dice nada ni recomienda nada en relación a la situación de peligro que vivió el Canciller y tampoco dice nada la situación de los propios policías”.

LEY No 1818 del 22 Diciembre 1997
 Ley del Defensor del Pueblo
ARTÍCULO 1. (NATURALEZA).- El Defensor del Pueblo es una Institución establecida por la Constitución Política del Estado para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector publico; asimismo, vela por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos. Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes.

ARTÍCULO 11. (ATRIBUCIONES).- El Defensor del Pueblo tiene las siguientes atribuciones:
1. Interponer, conforme establece la Constitución Política del Estado en su ARTÍCULO 129, Recursos de inconstitucionalidad, Directo de Nulidad, de Amparo y Habeas Corpus, sin necesidad de mandato.
2. Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenios internacionales aprobados por el Estado Boliviano.
3. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información relativa al objeto de sus investigaciones sin que éstas puedan oponer reserva alguna.
4. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas a todos los órganos de la administración pública, al Consejo de la Judicatura o la Fiscalía General de la Nación cuando los hechos se relacionen a la administración de justicia o constituyan delito.
5. Proponer modificaciones a Leyes, Decretos y Resoluciones no judiciales, relativas a los derechos humanos.
6. El Defensor del Pueblo deberá vigilar la situación de las personas privadas de libertad, para velar por el respeto de los límites de la detención. Para este efecto, y para fines de registro el Defensor del Pueblo deberá ser informado por escrito de todo arresto, apresamiento o detención que se realiza en el territorio nacional.
7. Recomendar al Poder Ejecutivo la suscripción de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y su aprobación al Poder Legislativo.
8. Tener libre acceso a los centros de detención, reclusión, internamiento y confinamiento sin que pueda oponérsele objeción alguna
9. Velar por el respeto de la naturaleza multiétnica y pluricultural del Estado boliviano y promover la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios del país.
10. Promover y recomendar en sus actuaciones la observancia a las Convenciones y Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos de la Mujer.
11. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aún en caso de declaratoria de estado de sitio.
12. Solicitar a cualquier dependencia de la administración pública la declaratoria en comisión de funcionarios técnicos, cuyos servicios, específicos y temporales, sean requeridos por el Defensor del Pueblo.
13. Diseñar, elaborar, ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, así como establecer mecanismos de coordinación con organismos gubernamentales y no gubernamentales para estos efectos.
14. Velar por los derechos y deberes fundamentales de las personas en el ámbito militar y policial. 15. Gestionar convenios de cooperación técnica o financiera con organizaciones nacionales e internacionales.
16. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
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