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El pasado 6 de diciembre el ex presidente Carlos Mesa publicó en Página Siete un artículo en el que afirma que “no hubo ninguna nacionalización”. Empero, colocándose en una “desairada dimensión intelectual” no tiene el menor empacho en escribir que “lo que sí hubo fue un referéndum popular' que permitió el incremento de los impuestos de un 27% a un 53%”. Es decir que ¡Mesa creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos! Eso es incorrecto.

En abril de 2005 el ex Presidente dio toda una lección de “valentía” al país: la Ley 3058 creaba el IDH con una alícuota de 32%, que sumadas a las regalías (18%) permitían llegar al 50%. La verdad es que el ex Presidente ni la promulgó ni la vetó. Quizás pensó que con ese acto quedaba bien con las transnacionales, a quienes seguramente prometió que no haría “inviable” al sector, y con el pueblo, que reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos. En aquella época el ex Presidente fue muy claro al indicar que si se obligaba a las petroleras a que entregaran el 50% del valor de la producción se marcharían del país, por eso sorprende que ahora se vanaglorie de algo que en su momento le valió la renuncia al cargo.

Para ubicar adecuadamente el debate, es necesario precisar que ante todo la nacionalización significa el control de la propiedad de los hidrocarburos, no se trata de un problema de lápices como parece entender la ex autoridad. Ese control se traduce en la capacidad del Estado para definir precios, controlar la comercialización en los mercados interno y externo y administrar el excedente económico.

Recuperar la propiedad de los hidrocarburos vuelca la torta a favor del Estado. Recordemos que antes de la nacionalización eran las transnacionales las que “aportaban al sector público” en función a sus dudosos cálculos. En cambio ahora es el Estado el que divide la torta (regalías, IDH, participación de YPFB, patentes e impuestos upstream para sí mismo) y la utilidad para los titulares más los costos recuperables para las empresas que prestan servicios a YPFB. Esto ha permitido que los ingresos del Estado sobre el total de las ganancias del sector hidrocarburífero' ¡sean del 90%!

En el marco legal diseñado por Sánchez de Lozada los hidrocarburos ni bien afloraban a la superficie pasaban a ser propiedad de las empresas, que era una condición central exigida por las transnacionales para invertir en Bolivia. Cuando Evo Morales promulgó el decreto “Héroes del Chaco” (mayo de 2006) se extendió todo el dominio del Estado sobre la propiedad en toda la cadena.

La nacionalización ha hecho posible que entre 2006 y 2010 el Estado reciba 9.478 millones de dólares, que representa casi seis veces más de lo obtenido en el periodo 2000 a 2005 (1.661 millones de dólares).

Ese excedente ha permitido sostener amplios programas de reducción de la pobreza, cuya paternidad Mesa desea atribuirle a Sánchez de Lozada, olvidando que cuando Goni creó el Bonosol lo hizo a partir de una forma de privatización a plazos.

El Bonosol debía ser financiado con las utilidades de las capitalizadas y las ganancias de capital que se obtendrían de la venta de las acciones de las empresas. Como éstas no se vendieron, el diseño se quebró y el Bonosol terminó pagándose unos años sí y otros no y luego se redujo. Se llegó incluso a pagar el bono con recursos de los ahorros de los trabajadores, mientras las transnacionales se llevaban cuantiosas riquezas gracias al control que ejercían sobre los hidrocarburos.

El gran mérito del Gobierno de Morales ha sido otorgar sostenibilidad a los programas sociales, algo que nunca hubiesen podido hacer los neoliberales por su orientación: una cosa es defender a las transnacionales (como demostró Mesa al negarse a promulgar la ley que creaba el IDH) y otra muy distinta es tener una vocación auténticamente patriótica (como demostró Morales al nacionalizar los hidrocarburos).

Un millón de bolivianos abandonaron la extrema pobreza gracias a la nacionalización y a las políticas sociales. Éste es un resultado indiscutible que nunca se habría alcanzado si Bolivia continuase siendo gobernada por el neoliberalismo. Algo a lo que Mesa parece invitarnos a retornar.



Jaime Durán Chuquimia es director general de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas


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