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Luis Mealla / Página Siete

El viceministro Cox dio detalles del proceso de acreditación.
Al menos 15.000 juristas de todo el país corren el riesgo de no poder ejercer más su profesión desde el 29 de abril de 2013 porque aún no se inscribieron en el Registro Público de Abogados del Ministerio de Justicia, entidad estatal que otorga una credencial con el número de matrícula que les permite trabajar en todo el país.

“Después de esa fecha ya no tienen vigencia los registros en los colegios de abogados, y los abogados no podrán desempeñar su trabajo profesional en ninguna parte si no están en el Registro Público, bajo un estricto control”, aseguró el viceministro de Justicia, Nelson Cox.

Al respecto, Silvia Salame, presidenta del Colegio Nacional de  Abogados, dijo que no existe “temor” de su sector ante ese “plazo fatal”, ya que se presentó un recurso de inconstitucionalidad para invalidar la norma; no descartó que en este año el nuevo Tribunal Constitucional declare procedente la demanda.

El viceministro de Justicia, Nelson Cox, explicó que hasta la fecha se registraron 15.670 profesionales de más de 30.000 que hay a escala nacional; el resto tiene un año y cuatro meses para hacerlo. Aseguran que se iniciará un riguroso control para que no puedan ser parte de ningún litigio.

El Decreto Supremo 0100, de abril de 2009, y su respectivo reglamento quitó facultades a los colegios de abogados de todo el país, que hasta entonces tenían la prerrogativa de cobrar altas sumas de dinero a los nuevos profesionales para ser parte de ese gremio y poder ejercer.

Cox señaló que el registro se creó ante los reclamos de los nuevos juristas por los cobros “excesivos en las matriculaciones”, actividad que era recurrente en cada departamento.

“Si una persona estaba acreditada en el Colegio de Abogados de Cochabamba, para migrar al de La Paz tenía que pagar otro monto para homologar la acreditación y poder desempeñarse en la nueva localidad; ésa era una gran limitante, más aún para el nuevo abogado que cuando juraba en los colegios de abogados debía pagar entre 500 y 700 dólares”, dijo el viceministro.

En 2008, el Gobierno pidió a los colegios de abogados que dejen de cobrar por matricular a los juristas, pero hicieron caso omiso y el Ejecutivo aprobó un año después el Decreto 0100 para que el Ministerio de Justicia haga el registro. La norma prevé un pago único de 50 bolivianos para los gastos administrativos.

“Esa credencial permite al abogado ejercer en los nueve departamentos, sin necesidad de hacer homologaciones ni convalidaciones”, aseguró Cox, quien agregó que el decreto da como plazo cuatro años para que todos los profesionales puedan migrar al registro estatal.

La autoridad explicó que se hace un cotejo de los requisitos que presenta el abogado con la institución que lo acreditó para evitar irregularidades.

Reveló que de 2009 a la fecha, nueve personas fueron remitidas para su proceso penal ante el Ministerio Público acusadas de falsedad material y uso de instrumento falsificado, tras intentar tramitar su matrícula y credencial con documentos falsos.

“Hay casos de personas que han querido fraguar con documentos falsos; tenemos los filtros necesarios para constatar la veracidad del título en provisión nacional de forma coordinada con las universidades del sistema”, agregó el viceministro.

Cox indicó que el desafío para este año es hacer los trámites y juramentos de los nuevos abogados en un plazo de dos meses.



“No hay temor al decreto supremo”

La presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, Silvia Salame, afirmó ayer que esa entidad colegiada demandó la inconstitucionalidad del decreto supremo que obliga a afiliarse al Estado y cuando se declare procedente la demanda, la norma “ya no va a existir”.

“Es recurso de control de constitucionalidad que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional. No hay temor, hasta 2013 pueden pasar muchas cosas, no hay que preocuparnos”. dijo.





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