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Archivo Página Siete

Labores en una mina.
La Empresa Minera Himalaya dice que la forma en la que el Gobierno decidió rescindir el contrato de arrendamiento por la mina Himalaya es ilegal y descalifica los argumentos para la disolución del convenio suscrito con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

“El contrato se realizó de manera legal y durante más de 20 años nunca hubo una acusación y sólo después de que tomaron la mina, como argumento para legitimar su delito empezaron a difundir acusaciones. Todas las hemos contestado puntualmente ante las autoridades del Ministerio de Minería y ante la Comibol, y ninguna ha podido ser sostenida”, enfatizó en entrevista con Página Siete el asesor legal de la firma, Raúl Azurduy.

La compañía espera dialogar con el Gobierno y llegar a una solución que “respete” los derechos que adquirió con el contrato. En los años de actividad en el lugar invirtió cerca de diez millones de dólares en exploración, apertura de socavones e instalación del campamento.

El abogado señaló que la decisión del Ejecutivo tomó por sorpresa a los representantes de la empresa. Denunció que existen intereses de dos personas detrás de la producción y calidad del wólfram de la mina, al punto que hicieron “reaparecer una cooperativa que no existe”, por encima de trabajadores mineros que quedaron sin ingresos a raíz de la toma.
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