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Elisa Medrano / Página Siete

El ministro Luis Arce (centro), en la Asamblea en 2011.
Las entidades públicas que tengan una deuda en mora con el Tesoro General del Estado (TGE) podrán conciliarla y beneficiarse de la condonación de intereses, según dispone la Ley Financial.

Empresarios y analistas cuestionan esa política porque dicen que es discriminatoria y abre la puerta a que otros actores pidan el mismo trato.

Según el artículo 25 de esa norma, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio del Tesoro, deberá iniciar el proceso de conciliación de deudas impagas de gestiones anteriores registradas en la cartera del TGE, lo que permitirá recuperar esos recursos.

Tras suscribir un convenio de reconocimiento de deuda, ese despacho condonará los intereses devengados no pagados.

La norma también prevé que en caso de que esas instituciones no concilien sus deudas, dicho monto se les debitará de sus cuentas corrientes fiscales.

El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan Antonio Morales consideró que no es una buena política el condonar intereses, cualquiera sea la entidad o el tipo de deuda, debido a que sienta precedente para que una institución se financie sin ningún tipo de costo.

“Es un mal precedente no sólo para futuras gestiones, sino también para otros actores, como el sector privado”, dijo.

Precisamente, en días pasados, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, demandó al Gobierno un trato igualitario en la aplicación de esa disposición porque, en su criterio, puede dar lugar a la condonación de intereses y deudas que tienen las empresas públicas con con las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Morales también consideró que el que se exima a una entidad de pagar intereses afectará al TGE porque dejará de percibir esos ingresos, lo que a su vez incidirá en que tenga menos recursos para programarlos en beneficio de la población.

Armando Méndez, también ex titular del BCB, precisó que si los empresarios reclaman un trato igualitario puede tratarse de la condonación de intereses de deudas por pensiones. Es decir, puede ser que las instituciones públicas hayan incumplido la transferencia de esos recursos al Tesoro para que éste a su vez los deposite en las AFP.

“Las entidades le deben al Tesoro porque es éste el que traspasa la plata a nombre de todo el sector público, entonces no han pagado a tiempo y es deuda del sector público con las AFP, pero a través del Tesoro”, precisó y añadió que las entidades privadas al tener deudas con las administradoras de pensiones le “están diciendo: si al sector público el Gobierno le va a condonar sus intereses, (pedimos) el mismo trato para el sector privado”.

El ex presidente de la Bolsa Boliviana de Valores Armando Álvarez también coincidió en que la condonación es una mala política porque abre “la puerta para que se pueda pedir condonación de intereses a otros niveles, así como ocurrió en el pasado con la condonación de intereses en impuestos”.

Considera que el perdón de intereses impagos es una práctica que se mantiene en el tiempo con ese tipo de políticas. Sin embargo, en su criterio, se debería analizar cada uno de estos casos.

Para Álvarez, la condonación puede llegar a deudas impositivas si es que el beneficio de la Ley Financial llega a las empresas públicas, debido a que el Tesoro, en última instancia, es el que recibe ese dinero.
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