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Vicepresidencia

El vicepresidente García Linera en el acto de El Ceibo.
El vicepresidente Álvaro García Linera admitió ayer que fue un error del Gobierno decidir la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos sin haberlo consultado antes con los habitantes del TIPNIS, aunque considera que se está a tiempo para subsanar el equívoco.

“Han dicho los hermanos ayer, que cuando se aprobó una ley que dice que no debe haber carretera, no consultaron a las comunidades, a los que viven ahí adentro; pero también cuando se decidió hacer la carretera como Gobierno, tampoco se consultó, hay que corregir los dos errores”, manifestó.

La autoridad remarcó que la forma de corregir estos fallos es realizando la consulta, que calificó como “sabia”, según la propuesta del Conisur. “Que esas 36 comunidades, con su palabra, digan ‘debe haber carretera o no debe haber carretera’, es lo más democrático y justo”, insistió.

Los indígenas de la VIII marcha, a través del dirigente Fernando Vargas, sostienen que una consulta de acuerdo a la Constitución Política del Estado debe ser “previa” e informada, cosa que en su criterio no se realizó.

Además, califican de “extemporánea” la decisión, toda vez que el proyecto de toda la vía ya empezó en los tramos I y III.

Sin embargo, otra es la interpretación de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, que sostiene que se cumplirá la consulta porque aún no se construyó la carretera. “Eso es lo que va a clarificar si hay alguna ruptura de lo previo o no, aunque nosotros creemos que estamos a tiempo de hacer una consulta. No se ha construido una carretera, si ya se hubiera construido, evidentemente no hubiera sido previa”, precisó.

La asambleísta aclaró que una consulta no es sinónimo de referéndum, y que no se limita a una votación por el sí o por el no, sino a una pregunta específica.

“La consulta no es por un sí o por un no, no es marcar una casilla”, manifestó, a tiempo de subrayar que los temas a ser incluidos en el proceso serán definidos con los habitantes del TIPNIS.

García Linera -que efectuó las declaraciones en un acto en la empresa El Ceibo, en El Alto- complementó que la consulta sería una “excelente” salida, a tiempo de convocar a la ciudadanía a aceptar, apoyar, respetar y cumplir esta determinación, porque en su criterio será un mandato soberano.



Punto de Vista

José maría bakovic Ex presidente del SNCSegún la legislación boliviana, la consulta a los pueblos originarios para la construcción de una obra de infraestructura debe ser previa. Eso quiere decir antes de la definición del proyecto, es decir, antes de diseñarse, licitarse, adjudicarse y contratarse. En consecuencia, el contrato firmado por ABC con la empresa OAS no cumplió, entre otros, este requisito.La consulta debe dirigirse únicamente a los afectados propietarios del territorio y, para que sea libre e informada, contener la información adecuada para el voto decisorio.

En el caso del tramo II de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, la consulta debe dirigirse a los miembros de la TCO del TIPNIS, propiedad comunitaria, no a los miembros de Conisur, quienes son propietarios individuales, no comunitarios.

Dada la oposición para que la carretera atraviese el corazón de este parque nacional, la consulta a sus propietarios comunitarios debe ser sobre la base de alternativas que permitan a los afectados estar adecuadamente informados para elegir entre ellas la que menor daño ocasione al medio ambiente.

Conocida la opción seleccionada, recién se podrá definir el proyecto.

Al incumplir las normas, el Gobierno no hace sino atrasar la ejecución del proyecto Villla Tunari – San Ignacio de Moxos. Ya han perdido seis años al no cumplir la normativa existente y el mismo sentido común. Haría mejor en cumplirlas para ejecutar el proyecto a la brevedad posible.





Según la legislación boliviana, la consulta a los pueblos originarios para la construcción de una obra de infraestructura debe ser previa, ello quiere decir antes de la definición del proyecto, es decir, antes de diseñarse, licitarse, adjudicarse y contratarse. En consecuencia, el contrato firmado por ABC con la empresa OAS no cumplió, entre otros, este requisito.La consulta debe dirigirse únicamente a los afectados propietarios del territorio y, para que sea libre e informada, contener la información adecuada para el voto decisorio. En el caso del Tramo II de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, la consulta debe dirigirse a los miembros de la TCO del TIPNIS, propiedad comunitaria, no a los miembros de CONISUR quienes son propietarios individuales, no comunitarios.

Dada la oposición para que la carretera atraviese el corazón de este parque nacional, la consulta a sus propietarios comunitarios debe ser sobre la base de alternativas que permitan a los afectados estar adecuadamente informados para elegir entre ellas la que menor daño ocasione al medio ambiente. Conocida la alternativa seleccionada recién se podrá definir el proyecto.

Al incumplir las normas, el gobierno no hace sino atrasar la ejecución del proyecto Villla Tunari – San Ignacio de Moxos. Ya ha perdido seis años al no cumplir la normativa existente, y el mismo sentido común. Haría mejor en cumplirlas para ejecutar el proyecto a la brevedad posible.


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