El Gobierno no será “juez y parte”
Amanda Dávila, ministra de Comunicación, ratificó que será responsabilidad del Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios, la organización y preparación de la consulta previa, libre e informada en el TIPNIS, aunque dijo que eso no significa que sea “juez y parte” en el proceso.
“El proyecto de ley de consulta para el TIPNIS contempla un punto que señala que el Estado a través de los ministerios va a llevar a cabo la consulta en el TIPNIS; esto no significa que va a ser juez y parte”, dijo la autoridad.
El diputado indígena Pedro Nuni acusó al Gobierno de adoptar una posición de juez y parte en el proceso que pretende realizar con la consulta sobre la intangibilidad y la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El Gobierno es el principal interesado en lograr acuerdos que hagan viable la construcción de la vía, un proyecto que es cuestionado por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), por las consecuencias socio-culturales y medioambientales que generará el proyecto carretero en el Isiboro Sécure.
Punto de Vista
jorge lazartE Ex constituyenteEl Gobierno se ha cuidado de no aceptar la idea para que ninguna consulta previa sea vinculante porque eso ciertamente tiene sus riesgos, en realidad son altos los riesgos. El Convenio de la OIT tampoco dice que estas consultas deben tener fuerza vinculante; sin embargo, ahora el Gobierno incluye esta obligatoriedad en el proyecto sobre el TIPNIS, porque probablemente está anticipando que ya lo tiene todo asegurado para ganar esto que está llamando la consulta a los pueblos indígenas, de otra manera no se animaría a hacer tal afirmación. En una ley que entra en colisión con otra ley y que al Gobierno le amarraría las manos si perdiera.
Lo normal hubiera sido que haya una ley general que ponga como punto de partida la Ley del Régimen Electoral, ya que el TIPNIS es una situación muy particular porque es área protegida y territorio indígena.
Hay una colisión de preceptos jurídicos entre la Ley del Régimen Electoral y el proyecto de ley de consulta, por lo tanto puede ser recurrible ante el Tribunal Constitucional.
Ciertamente, habría jurisprudencia con lo que se amarraría en el futuro y se comprometería cualquier inversión importante en el país, no simplemente a la consulta, sino a una suerte de veto, que podría tener sin lugar a dudas efectos paralizantes. El Gobierno ha estado enfrentando esto mismo en otras zonas del país, como en el Chaco (...) son disposiciones que tienen su alto riesgo, pero que están en la Constitución.