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El ministro De la Quintana tiene el propósito de reestructurar el Poder Ejecutivo. En una entrevista con el periódico digital Oxígeno dijo: “Sinceramente creo que debemos cambiar esa arquitectura, es insuficiente la gestión posterior de los conflictos. Este Estado requiere una nueva arquitectura para resolver la conflictividad”.

Él cree que la solución es disponer de un gabinete intersectorial. “Hoy la mirada es sectorial, cuando requerimos de una mirada trans e intersectorial”. Tiene la razón en este diagnóstico. Sin embargo, la solución no es política, la generación de redes intersectoriales e interespaciales, con sus respectivos nodos, es una tarea que sólo los mercados libres pueden hacerlo debido a su excesiva complejidad.

También dijo, refiriéndose a lo que se espera vaya a acontecer durante al año 2012: “No me gusta ejercer el oficio de pitoniso, pero no se puede ignorar. Va a haber conflicto, por supuesto. Y le insisto, como en cualquier otra sociedad”. En este último punto es conveniente aclarar que toda sociedad que le otorga al Estado el papel predominante en la asignación de recursos y en la actividad económica es siempre más conflictiva que una economía de mercado, donde estas decisiones las toma la gente.

Un proceso revolucionario que quiere construir una sociedad idílica llamada socialismo: “para cada quien de acuerdo a sus necesidades, a cada quien de acuerdo a su capacidad”, cuyo objetivo supremo es imponer la “igualdad económica” en el seno del pueblo, enfrenta dos alternativas: o deja correr el conflicto destructivo y permanente, lo que lleva a levantar las manos a sus promotores, en algún momento para encauzar, otra vez, a la sociedad hacia el desarrollo de la economía de mercado como sistema pacífico de solución de conflictos o decidirse abiertamente por imponer el autoritarismo. No hay otras alternativas.

Lo último es lo que hizo la ex URSS y su bloque durante 70 años. Pero no es fácil imponer el autoritarismo en las sociedades, más en una como Bolivia caracterizada por su permanente indisciplina social y atomización política.

El intento de establecer un sistema económico alternativo a la economía de mercado denominado socialismo incluye cuatro comportamientos consustanciales, que son: el estatismo, el rentismo, el corporativismo y el clientelismo, todos ellos en continuo conflicto. Estatismo porque ubica al Estado como al principal responsable de la asignación de recursos económicos, consecuencia de esto es que la gente aprende que puede tener acceso a ingresos que administra el Estado, dando lugar al rentismo; corporativismo porque sólo cuentan los “movimientos sociales” y no los individuos, cada uno de ellos buscando imponer sus intereses sobre los demás, y clientelismo porque la forma de acceder a las rentas estatales es apoyando y poniéndose al servicio del Gobierno de turno.

Los socialistas enfrentados a una continua demanda de la sociedad para que el Gobierno resuelva sus problemas, no saben por dónde encontrar las soluciones. En primer lugar siempre piensan que éstas son políticas, luego piensan que son problemas de organización, como la planteada por el ministro de la Presidencia: “una nueva arquitectura para resolver la conflictividad”.

Charles Bettelheim, un marxista francés, encontró que el problema fundamental en la ex URSS y su bloque fue el divorcio entre la “instancia jurídica y la instancia de la realidad”. Este pensador se dio cuenta lo difícil que es normar y reglamentar todo, creyendo que con hacer eso la realidad cambia. Está demostrado que la realidad no cambia por más que así lo disponga la ley jurídica. Es lo que Marx enseñó: la superestructura no manda sobre la estructura económica. En última instancia predomina la estructura económica sobre la superestructura. O en otras palabras: las fuerzas productivas no se desarrollan ni cambian las “relaciones sociales de producción” porque existan leyes. Cuando esto se entiende, también se entiende por qué la economía de mercado se ha impuesto en el mundo como el orden natural en constante y pacífica evolución.

El ministro de la Presidencia, con la experiencia ya adquirida en temas de gobernabilidad, dice que las gobernaciones y alcaldías deben asumir la responsabilidad que les corresponde en resolver conflictos y no sólo en recibir recursos del Gobierno central. Sin duda alguna es un paso importante reconocer que el Gobierno central no tiene la capacidad para resolver todos los problemas, pero tampoco tienen esas instancias de Gobierno más cerca de la gente. Por esta situación la respuesta óptima es dejar que los problemas se resuelvan en los mercados, en un marco de Estado de derecho. Las leyes no cambian la realidad, la realidad cambia las leyes.



Armando Méndez Morales es miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
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