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El antropólogo Xavier Albó sostiene que las circunstancias en que se encuentra la controversia sobre la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no son las mejores.

El también sacerdote jesuita sostiene que es evidente que continúa existiendo una confrontación en torno a esta problemática por parte de los dos sectores sociales que realizaron caravanas hasta la sede de Gobierno.

Por un lado, está la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), cuya movilización logró la Ley 180, de resguardo del TIPNIS; y por el otro la marcha que encabezó el Consejo Consejo Indígena del Sur (Conisur), que consiguió la Ley 222 de consulta previa.

Albó considera que si bien esa última norma representa un avance de parte del Gobierno, ya que no impone la construcción de la carretera, lo negativo es que no se haya coordinado el tratamiento de la normativa con los indígenas que marcharon en contra de la carretera. Además no está de acuerdo con los plazos que establece la ley para realizar la consulta (120 días), pues en un proceso de esta naturaleza “no tendría que ser una cosa fijada”, para hacerlo “y punto”.

Albó agrega las dos demandas de inconstitucionalidad contra la consulta previa ante el Tribunal Constitucional modifican los plazos, por lo que debe darse más tiempo. “Lo fundamental es llegar a la concertación”.

No obstante, el antropólogo y sacerdote subraya de que la consulta requiere de dos condiciones: que el Gobierno dé señales serias, claras y transparentes para establecer un proceso de esta naturaleza; y que los indígenas que están en contra de la carretera tengan una actitud de apertura “al otro”.
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