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Tras la reciente nacionalización aprobada por el Gobierno del presidente Evo Morales de la Transportadora de Electricidad (TDE), que estaba en manos de la española REE, altos funcionarios gubernamentales se prodigaron en realizar declaraciones sobre la necesidad de aprobar la futura ley de inversiones.

Estas expresiones, provenientes de representantes del Órgano Ejecutivo y Legislativo sonaron, al menos, contradictorias, tras la acción gubernamental de nacionalizar la empresa responsable del transporte de la energía eléctrica, que estuvo acompañada de una demagógica e histriónica “toma” por parte de las FFAA. ¡Todo sea en nombre del show!

Esta decisión del Gobierno de Morales complementó lo ocurrido el 1 de mayo de 2010, cuando se emitieron los decretos supremos 493 y 494 que dispusieron la nacionalización de las empresas de generación eléctrica Corani, Guaracachi y Valle Hermoso y la de distribución (ELFEC) de Cochabamba.

En este rubro sólo queda pendiente la nacionalización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que, en la mayoría de los casos, están en manos de cooperativas que hoy deben estar analizando con preocupación la situación pese al anuncio oficial de que no se las tocará.

El ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, a las pocas horas de la nacionalización de la TDE, dijo: “Necesitamos un paraguas jurídico que les permita a los empresarios extranjeros mirar a Bolivia con prioridad y darle mayor certidumbre a nuestros propios empresarios”. O sea, sus palabras dicen lo contrario que los hechos. Se habla de generar certidumbre cuando una confiscación logra exactamente lo contrario. La última acción oficial ha enviado una señal poco saludable a la atracción de inversores y el Gobierno, para mantener una simbología marcada desde mayo de 2006, arriesga más de lo que anota a su favor, sobre todo si se confirma el escaso valor de la empresa nacionalizada.

Con todo, la ley de inversiones es positiva. Este año, la Asamblea Legislativa tendría que debatir la norma para determinar las reglas con las que jugará la inversión extranjera y nacional. En ese marco, el Gobierno no debe desdeñar los pedidos de varias representaciones diplomáticas que, saltando su habitual discreción, han pedido que la futura ley se trate lo antes posible. Un anteproyecto de ley al respecto está desde hace meses atascado en el Legislativo, visto con menosprecio por la numerosa y disciplinada bancada oficialista.

Como en otros temas, el Gobierno es ambivalente. Dice una cosa y hace otra. Pero las inversiones extranjeras decrecientes podrían ser un acicate para terminar con esa práctica.


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