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La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo ayer un llamamiento a los países iberoamericanos para que la seguridad jurídica sea un pilar de sus marcos institucionales, con el fin de generar un “entorno de negocios favorable y estable”.

Sáenz de Santamaría transmitió ese mensaje durante la inauguración de la Reunión Iberoamericana de Ministros de la Presidencia y Equivalentes (RIMPE), que se celebra entre ayer y hoy en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, para preparar la Cumbre Iberoamericana que se realizará en Cádiz (sur español) en noviembre.

Esta cita tiene lugar en medio de la controversia suscitada por la expropiación del 51% de YPF a la española Repsol por parte del Gobierno argentino y por la nacionalización en Bolivia de la filial de Red Eléctrica de España (REE).

Sin hablar expresamente de ambos casos, Sáenz de Santamaría aprovechó para hacer una firme defensa del principio de seguridad jurídica y del respeto de las inversiones extranjeras.

“Si coincidimos en lo fundamental, en el valor de generar confianza y previsibilidad, debemos evitar acciones que vayan contra este valor económico y social indispensable”, subrayó.

La “número dos” del Gobierno español reclamó un “marco regulatorio claro y consistente” para garantizar “un entorno de negocios favorable, estable y propicio” que atraiga la inversión, anime la libre competencia, impulse el desarrollo de las pymes y aliente la iniciativa emprendedora.

En opinión de Sáenz de Santamaría, la seguridad jurídica es clave para que América Latina sea una región “abierta al mundo y generadora de confianza”. “Este principio debe ser reforzado para que no proyecte ninguna sombra de duda en la comunidad internacional”, remarcó.

Acompañó a la vicepresidenta el secretario de Estado español para Iberoamérica, Jesús Gracia, quien este martes viajará a Bolivia para abordar el caso de la filial de Red Eléctrica de España (REE).
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