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La semana pasada el Gobierno del presidente Morales anunció la designación del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. La propuesta del Ejecutivo debe ser analizada por el Senado, que tiene dos tercios de votos de apoyo oficialista, por lo que se da por descontada su ratificación como nuevo representante diplomático.

Al apostar por Llorenti, un personaje polémico, el régimen da una señal de que no le teme a las críticas y que se ratifica que actuó bien en el manejo de las demandas indígenas de tierras bajas contra la construcción del camino. Llorenti era ministro de Gobierno cuando una fuerte represión policial disolvió la pacífica VIII marcha indígena y obligó a sus miembros a subirse a buses para ser devueltos a sus lugares de origen. La represión de Chaparina es ya un símbolo que demuestra que existe una amplísima distancia en lo que el Gobierno dice y hace: allí, el régimen que aseguraba defender a los indígenas y a la Madre Tierra hizo exactamente lo contrario: humilló a los indígenas que protegían su ecosistema.

El apoyo a Llorenti por parte del Presidente para enviarlo nada menos que como embajador a Nueva York significa dos cosas: o que realmente cree que el ex ministro no tuvo participación en la brutal represión o que, aceptando esa responsabilidad, no cree que Llorenti haya actuado mal al enviar a un contingente policial a disolver la marcha pacífica. Ambas opciones entrañan dudas serias: uno, ¿cómo es posible que la Policía actúe a espaldas del ministro sin que luego se sancione severamente a los responsables (se supone que jefes policiales)?; dos, si Llorenti fue el responsable y aun así el Gobierno quiere mostrarle su apoyo implica que su decisión de reprimir era conocida por las más altas autoridades. En ese caso la situación es aun más grave.

El Vicepresidente, que ha dicho que sabe quién dio la orden de reprimir pero se ha negado a revelar el nombre, ha dicho que Llorenti “cumple todos los requisitos” para el nombramiento y el ministro de Gobierno Carlos Romero ha señalado que “más allá de los cuestionamientos, se trata de una persona organizada, que tiene muy claro los conceptos y finalidad del ‘proceso de cambio’”. Nadie mencionó sin embargo sus polémicas acciones y su nula experiencia diplomática, probablemente porque esto dejó de ser importante en las designaciones del servicio exterior.

Pero este nombramiento implica también que los casos de Chaparina y la represión en Caranavi, donde murieron por disparos de bala dos personas, no se esclarecerán. En eso, en el hecho de tapar con un manto de olvido los sucesos de represión, este Gobierno se parece cada vez más a los anteriores.
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