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En la oportunidad reprochó las actitudes de la COB de demandar un incremento del 100 por ciento de las rentas de jubilación que, dijo, sólo estaría destinado a beneficiar a una "élite" de dirigentes, en desmedro de la totalidad de los trabajadores del país.

"Mi pedido en este día, ustedes revisen y los dirigentes nacionales y los dirigentes departamentales del sector fabril que digan la verdad a los compañeros de base, cuáles son sus beneficios", pidió el mandatario. Señaló que algunos dirigentes del sector fabril "están conduciendo mal" a las bases, debido a que existen intenciones de hacer de esta reivindicación sindical una "reivindicaron electoral".

"Es su derecho, pero sin dañar, sin mentir a las bases", exigió. Sobre la propuesta del Gobierno respecto a las demandas de incremento a las rentas, Morales resaltó que ello posibilita que el 30 por ciento de los trabajadores fabriles se jubilen con el 80 por ciento de sus aportes, mientras que el restante 70 por ciento se jubila con el 70 por ciento de sus aportes.
 
Por esa razón pidió a los dirigentes de la COB explicar con la verdad a sus bases sobre las propuestas que realizó el Órgano Ejecutivo para resolver este conflicto.]]> Sat, 18 May 2013 12:33:54 GMT
“Estos dos meses estamos en la etapa de investigación preliminar, que fue ampliada hasta los primeros días de julio por la necesidad de peritar (investigar) los audios fuera del país. Para detener preventivamente al fiscal Soza se debe hacer una petición al juez encargado, pero acorde al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal”, indicó Quenta.

Ese enunciado del Código de Procedimiento Penal señala “que después de una imputación formal el juez puede ordenar la detención preventiva del imputado”. Quenta aún no realizó la imputación de “uso indebido de influencias” porque no se esclareció si la voz registrada en las grabaciones es o no de Soza.

La autoridad aclaró también que la detención preventiva puede ser solicitada por la parte denunciante, si “la existencia de elementos de convicción son suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y si el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”.

Al respecto, Quenta explicó que al existir dos versiones -una que asegura que es la voz de Soza y otra que es un audio montado- de las personas que declararon es necesario realizar una pericia para que las “probabilidades” requeridas sean argumentadas.

La petición de pericia fue entregada a la Fiscalía General la primera semana de marzo. En respuesta, el fiscal general Ramiro Guerrero indicó que Argentina, Chile y Perú, países a los cuales se solicitó la pericia, “no tienen los equipos necesarios” y, en consecuencia, se consultaría a Rusia y España si pueden efectuar el estudio correspondiente.

En los audios de 15 y 44 minutos presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales, Soza aparentemente confiesa que el caso Rózsa fue armado por órdenes del Gobierno y delata presuntas extorsiones a los imputados del hecho mencionado.

La senadora opositora pidió la detención preventiva de Soza el 2 de mayo, mediante un memorial al fiscal Quenta, y reiteró su petición el jueves por un presunto riesgo de fuga.

También acusó al fiscal de proteger a Soza, quien ya no es fiscal desde el jueves, cuando la Fiscalía General aceptó su renuncia.

“En mi oficina todo el tiempo investigo a colegas fiscales, jueces y abogados. Yo no estoy protegiendo al abogado Soza, y si la senadora quiere denunciar mi trabajo que lo haga delante del juez sexto de Instrucción Penal que está manejando el caso”, respondió Quenta.

Soza fue visto por última vez el lunes, en La Paz.

]]> Sat, 18 May 2013 00:00:02 GMT
El abogado del norteamericano, Jimmy Montaño, dijo que su defendido mostrará las pruebas cuando Morales acepte la audiencia que le solicitó ayer.

Ostreicher dejó una carta en la secretaría del Palacio en horas de la mañana, pero no quiso revelar el contenido de la misiva a los medios porque “es privado”.

“Mi defendido quiere una audiencia con Morales para entregarle información y documentación que avalan que la red de extorsión todavía sigue funcionando, además para justificar la inocencia de su persona y que fue víctima de un proceso ilegal e indebido”, afirmó Montaño en una entrevista con radio Fides.

Según el jurista, una de las muestras de que la red de extorsión continúa funcionando es que su cliente permanece con detención domiciliaria desde que fuera liberado el 18 de diciembre del año pasado.

“Ostreicher está con medidas sustitutivas, creímos que al aprehender a los responsables de la extorsión todo se terminaría, pero a pesar de presentar documentación que avala la inocencia de mi defendido, algunos funcionarios judiciales mantienen a Jacob como un preso en libertad, sin disponer de sus bienes y sin poder ver a su familia”, aseveró el abogado Montaño.

El año pasado, parlamentarios estadounidenses, la Embajada de EEUU en Bolivia y el actor Sean Penn hicieron gestiones para su liberación de la cárcel de Palmasola, donde se encontraba detenido por supuesto enriquecimiento ilícito y estaba enfermo.

En noviembre de 2012, Penn se entrevistó con el presidente Morales para interceder por su compatriota. Según se conoce, luego de esa reunión el Mandatario ordenó la investigación de una red de extorsión que acosaba al ciudadano norteamericano.

El 27 de noviembre se descubrió la existencia de una red de extorsión que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia; desde entonces fueron aprehendidas 12 personas, entre funcionarios gubernamentales, fiscales y jueces. El abogado de Ostreicher indica que ya pasaron seis meses y aún no se tiene una respuesta concreta sobre el caso de su defendido.

Ostreicher fue acusado de formar parte de una red de narcotráfico con los hermanos Ozzie Dorado y Maximiliano Dorado, por esos indicios fue detenido 18 meses en la cárcel de Palmasola. No obstante, él alega que vino a Bolivia para instalar una empresa agropecuaria en Santa Cruz con una inversión de al menos 25 millones de dólares.

]]> Fri, 17 May 2013 23:58:38 GMT
“Que el Ministerio Justicia registre, haga control del ejercicio profesional y designe al Tribunal Nacional de Honor, el riesgo es que el ejercicio libre de la profesión esté bajo control del partido de Gobierno”, manifestó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arriázola.

Realizó estas declaraciones después de que los representantes de las colegiaturas sostuvieron una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, y los integrantes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural, con el objetivo de plantear sus preocupaciones sobre el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia.

La cita dio como resultado la conformación de una comisión constituida por las entidades colegiadas de abogados, las comisiones de Constitución y Justicia Plural de Diputados y la Confederación de Profesionales para realizar ajustes a la propuesta.

La presidenta de la Cámara Baja calificó la reunión de positiva e informó que hasta el 31 de este mes la comisión entregará un planteamiento oficial.

Aclaró que el proyecto de ley del ministerio sólo es un “borrador” y, por lo tanto, no ingresó oficialmente aún al Legislativo.

“Lo que se acordó más bien es construir un proyecto de ley con esta comisión”, precisó Tejada, al ser consultada sobre el control que buscaría el Ministerio de Justicia sobre estas entidades.

Arriázola manifestó que el mayor temor es la injerencia política en los colegios de abogados, ya que de acuerdo al anteproyecto del Ministerio de Justicia no sólo busca tener acceso a los registros, sino pretende designar al Tribunal de Honor, insistió.

Los presidentes de las nueve colegiaturas, encabezado por el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, expresaron sus “preocupaciones” a los asambleístas.

El Colegio de Abogados de Bolivia (Conalab) está dispuesto a entregar al Ministerio de Justicia los registros de los abogados, aunque lamentó que desde la vigencia del decreto supremo de la libre afiliación se generó un “desorden de filiación” y que a esta entidad llegan muchas denuncias sobre malos patrocinios y que hay gente inescrupulosa que actúan como abogados.

El mencionado Decreto Supremo N° 100 tiene como objetivo promover el ejercicio libre de la actividad profesional del abogado, además otorga al Ministerio de Justicia la facultad de elaborar, organizar, actualizar y tener bajo su cargo un Registro Público de los Abogados del país.

Los abogados expresaron que existe apertura en los legisladores para trabajar en la norma.

No es la primera vez que se observa un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia.













]]> Fri, 17 May 2013 23:57:19 GMT
“Les están obligando a ir a los actos del MAS; el 1 de mayo enviaron una circular y a los que no han ido se han distribuido más de 150 memorandos para amedrentar a la gente”, afirmó.

Sobre el tema, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, se comprometió a solicitar un informe si es que para el Día del Trabajo también se obligó a los servidores públicos a asistir a los actos que se desarrollaron en la plaza Murillo.

“Se hace una llamada de atención por incumplimiento a las actividades dispuestas el día martes 30 de abril de la presente gestión”, señala una parte del comunicado que fue entregado a los servidores públicos.

Barral mostró las fotocopias de los memorandos de varios funcionarios, de los que se guardó en reserva su identidad. El político dijo que una situación igual podría suceder el lunes, cuando las organizaciones sociales se movilicen para defender el denominado proceso de cambio ante el asedio de movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB).

El jueves, la Oficialía Mayor y la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, mediante una circular, obligaron a todos los funcionarios a asistir a la promulgación de la Ley de la Renta Dignidad en Palacio.

La presidenta de la Cámara Baja calificó de “desproporcionado” el comunicado e informó que “prohibió” que en esa instancia legislativa vuelva a pasar un hecho similar.

“Mi persona ha llamado a la Oficialía Mayor y de Recursos Humanos, me indican que este tipo de circular se hacía siempre y lo que hice es prohibirles”, sostuvo la autoridad legislativa.

La coacción es una característica de las concentraciones del partido oficialista. Por ejemplo, el año pasado, cuando llegó la IX marcha de los indígenas en defensa del TIPNIS, se obligó a funcionarios públicos a asistir a este evento y también se efectuaron descuentos para financiar la permanencia de sectores sociales.

La presidenta de la Cámara Baja insistió ayer en que todos los funcionarios públicos deben conocer las leyes que se sancionan en la Asamblea y se promulgan en el Ejecutivo. Resaltó que aunque no se les obligue para que asistan a estos eventos, será política de su presidencia invitar a todo el personal del Órgano Legislativo para que asistan a los actos.

La diputada de Unidad Nacional Elizabeth Reyes lamentó que el jueves los funcionarios hayan tenido que dejar sus labores para asistir de manera sorpresiva a un acto en Palacio de Gobierno.

El líder de NAB, Amílkar Barral, cuestionó el sentido de obligatoriedad y las medidas de sanción que se establecen, toda vez que luego de la llamada de atención en el memorándum se advierte que habrá “medidas más drásticas” en cumplimiento del reglamento interno de la Cámara Baja. “Pueden ir los funcionarios (a los actos), pero no tendrían que obligarles o amenazarles con posibles despidos”, afirmó.





]]> Fri, 17 May 2013 23:54:34 GMT
Según las estadísticas que presentó el Consejo, en el último quinquenio existió un crecimiento en el movimiento de causas del 48% en los juzgados y tribunales ordinarios, lo que significaría un crecimiento de 35.000 causas adicionales por año.

Asimismo, los datos muestran que hay 340.682 causas pendientes de resolución de acuerdo a la información de 2011. “Lo que implica una respuesta urgente para evitar un posible colapso en el sistema judicial”, señala el documento sobre el diagnóstico actual en el sistema judicial.

En esta situación el Consejo plantea la necesidad de una “reasignación y ampliación de competencias a juzgados, tribunales ordinarios de justicia y creación de juzgados”, como parte de una reingeniería.

En ese marco, sugieren que se haga la reasignación en los juzgados mixtos de partido y tribunales de sentencia, juzgados de partido especializados con poca carga procesal y la ampliación o reasignación de competencias material y territorial para incrementar la atención de causas dentro de parámetros óptimos.

Las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura y de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional fueron posesionados y asumieron sus funciones en enero de 2012, sin embargo, todavía se esperan los cambios en el sistema.]]> Fri, 17 May 2013 23:50:43 GMT
Aseguró que será muy complicado recuperar la imagen institucional que se estaba construyendo en los últimos meses.

“Tal como está, para mí el Tribunal es cualquier pequeño juzgadito; yo me siento afectado por la sentencia. Prácticamente hemos perdido esa cualidad de ser Tribunal, ahora todo el mundo habla mal contra el Tribunal Constitucional y eso que nos ha costado construir la imagen, pero lamentablemente por una sentencia hemos destruido todo”, dijo Cusi en una entrevista con radio Fides.

Para el magistrado la situación del Tribunal Constitucional es “crítica” y lo pone en el peor momento desde que fueron elegidos por voto popular en octubre de 2011, momento en que se dudó de su independencia y cuando ya se estaba logrando esta imagen, con distintos fallos, llegó la sentencia que ha puesto en un mal lugar al guardián de la Carta Magna.

Cusi además reveló que si él hubiera estado entre los magistrados que analizaron el tema de la constitucionalidad de la reelección, no hubiera votado a favor de la habilitación sino que habría planteado otra salida.

“Nadie nos cree, porque precisamente los que han firmado la sentencia han dado esa interpretación y para mí se debió haber dado otra salida jurídica. Bueno, la mayoría de los que han suscrito la sentencia así han razonado”, afirmó la autoridad del Tribunal Constitucional.]]> Fri, 17 May 2013 23:49:57 GMT
Esta información fue proporcionada por la vocal Dina Chuquimia, quien señaló que el TSE deberá emitir hasta mayo de 2014 el reglamento para determinar la fecha de las elecciones generales, presentación de los candidatos, definir la fecha en la que los ciudadanos pueden registrarse en el padrón biométrico, fecha de inicio y conclusión de las campañas electorales.

“Se prevé en la Constitución Política del Estado una posible reelección entre los candidatos más votados (segunda vuelta). De existir esa posibilidad las elecciones no tendrían que ser en diciembre, sino adelantarlas hasta el mes de octubre, cosa que sí existe”, manifestó Chuquimia, según cita la ANF.

“El reglamento lo que normalmente estipula es la fecha del día de las elecciones y la fecha también de la posible segunda vuelta, hasta la entrega de las credenciales a los candidatos ganadores. Nosotros vamos a emitir el reglamento el año que viene, estaríamos hablando del mes de mayo o junio aproximadamente”, agregó la autoridad.

Según la norma, en caso de que un candidato no obtenga el 50% más uno, se deberá realizar una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Para ello el TSE establece un plazo a partir del día de la votación para organizar los nuevos comicios y posesionar al candidato ganador el 22 de enero.



]]> Fri, 17 May 2013 20:35:40 GMT
“El ferrocarril Arica-La Paz se encuentra paralizado en la parte que corresponde a Chile (Arica- Visviri) desde hace varios años, situación que ha ocasionado una serie de daños a la economía, comercio exterior y desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia”, indica el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La vía Arica-Visviri fue reinaugurada en un acto de conmemoración de sus 100 años el 13 de mayo por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien viajó en dos vagones y una locomotora a la estación de Poconchile en el poblado de Parinacota, a 40 kilómetros de la estación de Arica.

La Cancillería duda de la “supuesta reanudación del ramal Arica-Visviri y el eventual e incierto reinicio de operaciones del ferrocarril Arica -La Paz”.

Por las declaraciones del Mandatario chileno de “cumplir fielmente” con el Tratado de 1904, la Cancillería boliviana contestó que “el hecho de que esa línea férrea no hubiera operado por más de una década constituye la prueba de que Chile incumplió y continúa incumpliendo con otras obligaciones convenidas de forma bilateral”.

Por lo tanto, Bolivia “se reserva el derecho de acudir a las instancias internacionales correspondientes”, advierte el texto.

Los acuerdos que Chile habría vulnerado son el artículo III del Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, las obligaciones en la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz del 27 de junio de 1905 y el protocolo sobre administración de las secciones chilena y boliviana del ferrocarril Arica-La Paz de 29 de agosto de 1928.

El comunicado fue leído por el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, quien indicó que el tramo El Alto -Charaña se encuentra en funcionamiento y hay vagones que viajan a las localidades aledañas a la frontera boliviana.

“Nuestra vía es operativa y funcional, se le realiza un mantenimiento. Pero lo importante no es Arica-Visviri o El Alto-Charaña, lo que interesa es el ferrocarril Arica-La Paz, que ha colapsado por negligencia, por incumplimiento de Chile por más de diez años”, dijo Alurralde.

La vía Arica-Visviri se deterioró desde 2001 , cuando el río Lluta se desbordó y dañó las vías férreas de los tramos a Visviri y Poconchile. Según medios de difusión chilenos, la vía estaba operable hace cinco años y dos años atrás se realizaban pruebas de tránsito en las vías.

El Gobierno chileno gastó 42 millones de dólares en la construcción de la vía Arica-La Paz el 13 de mayo de 1913 y en el mantenimiento de la vía Arica-Visviri, según informó el canciller de ese país, Alfredo Moreno.]]> Fri, 17 May 2013 20:28:57 GMT