La Paz, Bolivia -
Contexto
Control de daños y gobernabilidad en caída
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allá de lo que el Gobierno y los ministros crean y quieran hacer creer, la coyuntura social tiene matices muy complejos.
- 17/05/2012
El lenguaje político especializado se aparta con alguna frecuencia del uso habitual o periodístico de ciertos términos como gobernabilidad o hegemonía.
Así, en nuestro medio es corriente que hegemonía se identifique con imposición y gobernabilidad como sometimiento del Legislativo al Ejecutivo.
En espacios académicos la hegemonía se suele entender como una forma de dominación caracterizada por el consentimiento activo de los dominados y la gobernabilidad como una relación compleja entre gobernantes y gobernados, que abarca múltiples factores, además de los vínculos entre poderes.
Las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuando opina que la explosión de conflictos que se ha extendido en las últimas semanas y meses “no pone en entredicho la gobernabilidad”, confunden los términos con el deliberado propósito de disimular la pérdida de rumbo y control en que se encuentra sumida la administración del país.
Cuando dice “los conflictos no cuestionan el tipo de Estado vigente ni el modelo de desarrollo económico, (lo que) impide cualquier posibilidad (de que puedan) provocar una crisis de gobernabilidad”, olvida que la gobernabilidad, en cualquiera de sus acepciones, supone un mínimo de equilibrio y armonía entre gobernantes y gobernados, entre sociedad y Estado.
Ese balance está dañado y en proceso de descomposición y no se reconstruye con pausas, que consigue trabajosamente el Gobierno y que apenas alcanzan para acotar algunas áreas dañadas.
Los problemas de médicos y trabajadores sanitarios, o las demandas salariales son “sectoriales” en principio, pero afectan al conjunto del sistema y ponen de manifiesto que los gobernantes se han apartado en todas las cuestiones relevantes de cumplir los mandatos que se les ha encomendado.
La disputa por las seis u ocho horas ha desnudado que el Gobierno más representativo y popular del que tengamos memoria mezquina recursos a la salud pública, con mayor avaricia que sus predecesores o los vecinos, y pretende montar un supuesto seguro universal, exprimiendo y llevando al colapso a los servicios existentes.
Adicionalmente, los efectos del paro afectan a gran parte de la población, trascendiendo totalmente el ámbito sectorial y corporativo.
Las demandas salariales muestran que más allá del ritual anual que promueve la COB existe un auténtico malestar por la continua erosión de la capacidad adquisitiva que afecta a los asalariados “en blanco” (es decir a ese 30% de la población al que se refiere el Gobierno cuando restringe el concepto de asalariados a los del sector “formal”), a muchos cuentapropistas y al gran número de asalariados “en negro”.
Estos últimos han crecido (al mismo ritmo frenético con que se ha expandido el capitalismo en nuestro país, durante la vigencia del régimen con discurso anticapitalista) y carecen de cualquier protección legal, incluyendo la vigencia de salario mínimo.
Las disquisiciones teóricas de Romero sobre la IX marcha son aún más flojas, ya que en definitiva asigna un carácter particularista a un problema de contenido y sentido esencialmente universal, desde el momento que demanda definiciones inequívocas sobre la manera en que nuestro desarrollo afecta a la naturaleza y que, además, toca todos los asuntos clave de la construcción de un nuevo Estado, sin dejar uno solo fuera.
La confusión que intenta propalar el ministro (¿para tranquilizarse a sí mismo y a sus jefes?) pasa por alto que la base de la gobernabilidad es la confianza, que no ha dejado de vapulearse por parte de las autoridades, desde que el modelo de desarrollo vigente, que defiende tan ardorosamente el régimen, no ha conseguido ir más allá de una rearticulación del modelo previo, adecuándolo a las demandas y necesidades de los grupos capitalistas emergentes.
El hecho de que el Gobierno disponga de una maciza reserva electoral no debe confundirse con que tenga a su disposición una gobernabilidad con crédito ilimitado, puesto que inclusive sus más convencidos adherentes llegan a percibir que prácticamente todos los conflictos mayores de los últimos años son producto no de una exagerada demanda o expectativa, ni de carencia de recursos, sino que han nacido de provocaciones o iniciativas fallidas del Gobierno.
No son la suma ni la intensidad de los conflictos por sí mismos los que abren espacio a la crisis política: es la manera en que se han consolidado las relaciones internas del Gobierno y de éste con el bloque de poder, y eso es lo que lo cerca y estrecha su capacidad de sentir y reaccionar.
Roger Cortez
“La disputa por las seis u ocho horas ha desnudado que el Gobierno más representativo y popular del que tengamos memoria mezquina recursos a la salud pública”.
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