La Paz, Bolivia

Martes 25 de Abril | 22:08 hs

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Gobierno da por cerrada la era de nacionalizaciones

AFP / La Paz

Bolivia dio por cerrada la era de nacionalización de sus recursos naturales, dijo este viernes el procurador general, Héctor Arce, quien añadió que "a futuro" no se contemplan iniciativas de ese tipo. La época de nacionalizaciones arrancó con los hidrocarburos, en 2006, ejecutada por el flamante presidente Evo Morales. A raíz de esa medida la renta petrolera entre 2006 y 2014 sumó 27.749 millones de dólares, según la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El nuevo flujo de fondos permitió al gobierno un fuerte aumento de la inversión tanto en programas sociales como en infraestructura pública y un impresionante rédito político a Morales, que le permite aspirar -mediante una probable reforma constitucional que será sometida a referendo en 2016- a un nuevo mandato hasta 2025.

"La era de las nacionalizaciones importantes en el país ha culminado, ha culminado con éxito. Esta forma de nacionalizar responsablemente no ha ahuyentado la inversión tanto nacional como extranjera. La inversión está presente", dijo en conferencia de prensa este viernes Arce, quien ejerce la función de representante legal del Estado.

El proceso tuvo, sin embargo, un impacto de ralentización de la inversión extranjera, razón por la que Arce precisó que "a futuro no hay consideración sobre ninguna otra nacionalización". Bolivia consiguió en 2014 una histórica Inversión Extranjera Directa (IED) neta de 2.113 millones de dólares, según un informe del Ministerio de Economía, que recuerda que en 1998, durante la ola privatizadora, la IED había alcanzado un pico de 1.024 millones de dólares.

Según Arce, para cerrar el proceso de nacionalizaciones, Bolivia aprobó en el último tiempo tres medidas "en esta lógica" que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas, con la promoción de inversiones y con la conciliación y el arbitraje. La política estatista no sólo apuntó a los hidrocarburos, sino que se extendió a empresas de telecomunicaciones, administradoras de fondos de pensiones, plantas hidroeléctricas, aeropuertos, minería y otros.

 

 

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