Estado pagará $us 57 millones como reparación a firma chilena

Bolivia no pagará 48,6 millones de dólares como se informó inicialmente sino tendrá que pagar costas e intereses. La responsabilidad es endilgada a Mesa.
sábado, 26 de mayo de 2018 · 00:03

Marco Belmonte/ La Paz

El Estado boliviano no pagará 48,6 millones de dólares sino  57 millones de dólares, que incluyen costas e  intereses como indemnización a la empresa chilena Quiborax que  ganó un arbitraje al país por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni en 2004.

La información fue proporcionada por la Procuraduría General del Estado. “El laudo de 16 de septiembre de 2015 dispuso el pago de una compensación que a la fecha alcanza un monto de 57 millones de dólares, incluyendo intereses y costas”, indica una nota de prensa de la entidad.

 Sin embargo, la Procuraduría destacó que este monto es sólo el  38% del monto demandado.

Las pretensiones de las empresas demandantes -según la entidad encargada de defender los intereses del Estado-, alcanzaban la suma de 150,8 millones de dólares (146,8 millones por concepto de compensación y  cuatro millones por “daño moral”). 

Actualmente, la Procuraduría, en coordinación con el Ministerio de Minería, se encuentra en conversaciones con los representantes de las demandantes.

“Como es muy bien conocido a nivel internacional, el Estado boliviano es respetuoso de sus obligaciones y compromisos internacionales, y se velará porque el cumplimiento del laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)  se haga de la forma más ordenada y beneficiosa posible”, señaló el procurador Pablo Menacho Diederich.

Igor Vucsanovich, árbitro y abogado especialista en economía e inversión de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), explicó que en un arbitraje  no se tratan temas relacionados a las personas sino más bien sobre la relación entre el inversionista y el Estado y el motivo de la demanda. “En ese sentido desde el principio del caso hasta luego de la emisión del laudo nuestra representación legal ha ejecutado todas la acciones a su alcance para evitar este resultado”, dijo.

Añadió que a la hora de cumplir con el fallo, si existe voluntad  e interés de ambas partes, se podría negociar varios puntos incluido el monto final a pagar.

En su criterio, la  valoración de los árbitros sobre los hechos y el fallo  puede ser errada para alguna de las partes,  por eso se puede recurrir la anulación del laudo, pero, en este caso, los argumentos de la Procuraduría no funcionaron.

Después de que se conoció el fallo, la Procuraduría endilgó esa responsabilidad al expresidente Carlos Mesa porque  la controversia internacional surgió a raíz del incumplimiento a la Ley  2564, de 9 de diciembre de 2003, y la emisión del Decreto Supremo  27589, de 23 de junio de 2004 que dispuso la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Non-MetallicMinerals SA (“NMM”), con mayoría de capitales chilenos a través de la empresa Quiborax SA y su presidente Allan Fosk Kaplún.

 

La  solicitud de arbitraje se hizo el  4 de octubre de 2005 y la defensa del Estado fue asumida por el gobierno del presidente Evo Morales hasta que el 18 de mayo de 2018, el CIADI comunicó el rechazo a la solicitud de anulación y ratificó  el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del CIADI el 16 de septiembre de 2015, que determinó el pago de 48,6 millones de dólares (sin intereses).

El 22 de mayo de 2018, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía el inicio de investigación contra Mesa por el caso Quiborax.

Procuraduría gastó $us 1,3 millones en la defensa legal

La Procuraduría General del Estado, gastó 1.384.801 dólares (1,3 millones de dólares, incluye anticipos)  en la defensa de los intereses de Bolivia, pero aun así    perdió  el arbitraje iniciado por Quiborax por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni en 2004.

   La parte demandante en cambio, apenas cuantificó  sus gastos en 462 mil dólares, según se  detalla en las costas del procedimiento del informe final “Decisión sobre la Solicitud de Anulación del Estado Plurinacional de Bolivia”,  emitido por el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) el 18 de mayo.

Por su parte, las costas del procedimiento de anulación, incluidos los honorarios y gastos del Comité, los derechos por la utilización del CIADI y los gastos directos ascendieron a 406.741 dólares. “Habiéndose rechazado la Solicitud (anulación), el Comité determina que Bolivia debe hacerse cargo de los honorarios y gastos de los miembros del Comité y los derechos por la utilización del CIADI”, precisa.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC),  Marco Antonio Salinas, lamentó el fallo  que obliga al Estado  a pagar 57 millones de dólares a   la empresa chilena Quiborax por no haber sido indemnizada por la reversión de sus concesiones mineras. “Siempre es una mala noticia que tengamos que pagar 48 millones de dólares que podían haber servido para hacer un hospital o una carretera, no son buenas noticias (…). Eso muestra que tenemos que ser absolutamente respetuosos de las normativas internacionales”, dijo el  ejecutivo, según ANF.


 

Permítanos un minuto de su tiempo.

Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel.

Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza.

Si usted desea apoyar el esfuerzo que realizamos, suscríbase a P7 VIP, para recibir de lunes a viernes una carta informativa por correo electrónico, que contendrá un resumen de las noticias y opiniones más interesantes de Página Siete, a un costo de sólo Bs 15 al mes.

Para suscribirse haga clic aquí o llame al número 2611749, en horas de oficina.

12
13