Cuatro artículos pendientes en la Ley 263

Cuatro artículos pendientes en la Ley 263
Cuatro artículos pendientes en la Ley 263
jueves, 08 de febrero de 2018 · 00:04

“La trata de personas es un delito lucrativo que utiliza varias formas de captación o reclutamiento, priva a las víctimas de su libertad, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción o violencia, trasladándolas de un lugar a otro, dentro como afuera del país, con diferentes fines de explotación”, según define el Observatorio de Trata y Tráfico de Bolivia.


 Aprobada en 2012, la  Ley 263 tiene por objeto combatir la trata y tráfico de personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.


Luego  de entrevistar al Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, además de  la Casa de la Mujer y la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, se estableció que existen al menos cuatro artículos de esta normativa que no se ejecutan o lo hacen parcialmente en este departamento.   


Los miembros de la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp) demandan  al Ministerio Público que sus casos sean revisados para que se pueda cambiar la tipificación al delito de trata. No obstante, solicitan junto a otras instituciones que se dé cumplimiento  de la Ley 263 a cabalidad.

Artículo 3,  inciso 3. Fines


“Fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos”. 


En julio de 2017, el Viceministerio de Justicia informó que entre el 2012 y 2016 se hicieron 2.591 denuncias por delitos de trata y tráfico a nivel nacional, las cuales  llegaron al Ministerio Público, de éstas sólo se obtuvieron 44 sentencias condenatorias. 


Según una investigación de El Deber, desde 2012 a 2017  las denuncias se han elevado a 3.000.

Artículo 17, inciso 4. Atribuciones


“Coordinar con el Consejo Plurinacional, entidades territoriales autónomas e instituciones públicas y privadas”. 


Según el Consejo  Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas de Santa Cruz, la coordinación con entidades públicas  que forman parte del consejo como la División de Trata y Tráfico de  la FELCC o la Fiscalía se dificulta. Un ejemplo de ello es que a pesar de haber solicitado  estadísticas de trata a las instituciones mencionadas, éstas   no le fueron proporcionadas.

Artículo 26, inciso 2. Seguridad Ciudadana


“El Ministerio de Gobierno en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades públicas y privadas a nivel nacional, departamental y municipal, crearán un sistema de información y estadísticas que permita el registro de datos sobre delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos”.


No existe un sistema de información integrado  con estadísticas que permita el registro de  datos  actualizados  o para que instituciones competentes  realicen  consultas  sobre las víctimas de este delito en el departamento de Santa Cruz.

  Artículo 31, inciso 2. Atención y Reintegración


“Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, crearán Centros de Acogida especializados para la atención y la reintegración a víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos”.


En 2017, después de cinco años de la aprobación de la Ley 263 el Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico informó que se asignará un monto de 1.447.760 bolivianos para la implementación de un centro de    prevención de víctimas de violencia y trata de niños y adolescentes.
 

 La prescripción  de los casos y el cambio de tipificación


El artículo 44 de la Ley 263 establece que “los delitos de Trata y Tráfico de Personas son imprescriptibles”. 


En este caso no se trata de un  artículo  de la ley  que  queda pendiente. Éste representa el anhelo de los miembros de  Asafavittp, quienes reclaman una auditoría a los casos de sus familiares desaparecidos. 


Su objetivo es que sus casos  que tienen otras tipificaciones  sean revisados para que se investigue y presenten elementos que logren cambiar la tipificación de sus casos a trata y tráfico.