La ruta de la trata

Defensorías: las fronteras abiertas crean vulnerabilidad

Pasar de Puerto Quijarro a Brasil no requiere ningún documento, lo que genera un contexto propicio para la trata y tráfico de personas.
jueves, 08 de febrero de 2018 · 00:03

Alejandra Pau  / Santa Cruz


Alrededor de 13 horas de viaje  separan a la capital cruceña con Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, y la frontera con Brasil. Si el recorrido se realiza a bordo de una flota lo más probable es que no se experimente ningún tipo de control policial en  las tres paradas antes de llegar a destino. 

Página Siete hizo este recorrido durante la noche en noviembre pasado y evidenció la ausencia de efectivos policiales en las paradas en Carmen Rivero Tórrez, Roboré y San José de Chiquitos. Una vez en Puerto Quijarro no fue  necesario ni siquiera mostrar  el carnet de identidad para cruzar el punto fronterizo para llegar a Corumbá, la ciudad brasileña más próxima.   

Para las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Integral Municipal (SLIM) de Puerto Suárez y Puerto Quijarro el  libre tránsito  de personas por la frontera, que conecta a estas ciudades y  Brasil,  genera un entorno de vulnerabilidad para el paso de víctimas bolivianas de trata y tráfico al vecino país. 

“Es en ese sentido que puede haber un vacío, si yo estoy llevando personas no necesito (presentar documentos). Cuando voy más adentro de Corumbá o Campo Grande, sí se necesita (...). El tratante puede estar pasando con una niña, como yo paso con mi hijo, y no le preguntan nada”, explicó el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y del SLIM de Puerto Suárez, Elard Rodrigo Aramayo Méndez. 

El asesor legal de la Defensoría de Niñez y Adolescencia y del SLIM de Puerto Quijarro, Carlos Hugo Mansilla Peña, coincide en  que la salida fácil y rápida genera vulnerabilidad respecto al delito de trata, pero es algo que también pasa con los ingresos al país. “Evidentemente, uno se da cuenta que se ha burlado un paso migratorio cuando encontramos menores (brasileñas) en Santa Cruz, por ejemplo”, detalló. 

Aramayo y Mansilla manifestaron que se coordinan operativos con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para el control de permisos de viajes de menores. Sin embargo,  es   la  Defensoría  de Puerto Quijarro la que coordina los controles con Migración y efectivos del paso fronterizo con Brasil. 

No obstante, cuando en la ciudad de Santa Cruz se da a conocer una  persona desaparecida la información es compartida por la Policía y Defensorías a través de grupos de WhatsApp con Puerto Suárez.


No pasa lo mismo en  Puerto Quijarro. “Si algún menor desaparece en Santa Cruz, aquí no nos enteramos hasta  unos cinco días después,  cuando  los padres llegan desde allá  a preguntar. La Policía no nos avisa”, sostuvo Mansilla. 
  
La División de Trata y Tráfico de la FELCC en la ciudad de Santa Cruz aún no cuenta con una plataforma digital formal para transmitir la información a las trancas departamentales o fronteras para informar sobre los conocimientos de personas desaparecidas.  

“Necesitamos resguardo en las fronteras y en las trancas”, dice  María Rita Hurtado Martínez, de la Asociación de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas, Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp). Los miembros que integran esta asociación manifiestan que hasta que el Ministerio Público acepte una denuncia y  tipifique  el caso de una menor desaparecida, ésta puede pasar con tratantes o traficantes  por  trancas y fronteras donde el control es casi nulo. 

Al otro lado del país, en Desaguadero, frontera con Perú, es necesario tramitar un documento de salida de Bolivia e  ingreso al vecino país. Sin embargo, al tratarse de una frontera abierta  una persona puede  pasar sin hacer el registro migratorio. Los efectivos de ambos países no controlan la  documentación, en especial durante los días de feria.