Departamento de Santa Cruz

Desaparecidas, la batalla perdida contra el crimen organizado

El calvario empieza cuando los padres hacen la denuncia por trata. La Policía dice que esto no es posible si no existen indicios.
Desaparecidas, la batalla perdida contra el crimen organizado
La representante de Asafavittp, María Rita Hurtado, junto a otros padres pidiendo una auditoría de los casos en la Fiscalía de Santa Cruz (2017).
jueves, 08 de febrero de 2018 · 03:00

Alejandra Pau / Santa Cruz


 Cuando María Rita Hurtado Martínez se entera que el cuerpo de una niña o joven mujer no identificada llegó a la morgue de Santa Cruz, se dirige hasta el lugar presa de una incertidumbre y angustia  inenarrables;   podría ser su hija, Dayana Algarañaz. La indefensión que siente ante el poco avance  de las investigaciones para dar con su paradero la llevó a unirse a otros padres de personas desaparecidas para enfrentar el desamparo institucional.   

“Hasta ahorita todos nuestros casos están cerrados, están parados o no hay la tipificación correcta.

No hay difusión, no hay búsqueda, no hay rescate (...). Nosotros estamos buscando a nuestras hijas desde hace muchos años y no es posible que se quiera cerrar estos casos sin siquiera haber podido hacer una investigación exhaustiva o considerarlos como trata”, explica Hurtado. 

En 2016, organizó   junto a otros padres  la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp), que actualmente está conformada por 11 familias.


 Sus miembros optaron por el activismo ante  el nulo avance de las investigaciones en sus casos, la inexistencia de indicios sobre el paradero de sus hijas, la falta de tipificación o una denuncia aceptada como rapto o privación de libertad.  

Frente a ese panorama, los padres realizan sus propias investigaciones. Recorren los lenocinios, en la capital cruceña y en las provincias, con la esperanza de encontrar a sus hijas   aunque signifique poner en riesgo sus vidas. 


Se estima que 500 personas desaparecen al año  en el departamento de Santa Cruz.  La mayoría son menores de edad de sexo femenino.


Un calvario desde la denuncia


“Los problemas surgen desde que uno va a presentar la denuncia y le piden que tenga un sospechoso”, dice Édgar Flores Azurduy, padre de Sandy Luz Flores, desaparecida desde el 2014.

Los miembros de Asafavittp concuerdan en que es muy difícil que su caso sea tipificado como trata. 

El jefe operativo de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Juan Carlos Villca, explica que se entrevista a los padres y el entorno social para hallar pistas. Apunta que la denuncia que se presenta ante el Ministerio Público debe tener los suficientes indicios para que se abra un caso por trata. 

Añade que el principal problema para presentar una denuncia es la falta de indicios referidos a la captación, acogida y lucro. “Son muy perspicaces estas redes (de trata) actuales. Hacen creer a su víctima  que lo que están haciendo es por su bien (...), las manipulan por el corazón o por el dinero. Las mueven dentro y fuera del departamento”, indica Villca.  

Esta repartición emite entre 50 y 75 conocimientos de desaparecidos al mes, la mayoría  relacionados a problemas de conducta de menores de edad. En 2017, la división trabajó en tres casos “importantes” de trata con aprehendidos. 

Ante la falta de acciones concretas, algunos padres  han logrado incluso capturar a los sospechosos para entregarlos a la Policía. En Montero, Antonio Vaca Arteaga detuvo al propietario de la línea telefónica de la que su hija, Valeria Vaca Martínez, lo llamó pidiendo auxilio una semana después de su desaparición en 2014. Un año después de estar en la cárcel, el individuo pago la fianza y se esfumó.

“Ahora el tipo está prófugo, me dicen que vaya a buscarlo, que ponga anuncios en los periódicos, ¿sabe cuánto cuestan los anuncios en los periódicos? Nosotros somos gente humilde ¿para qué lo soltaron?”, dice Vaca. 

El Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem), institución que integra el Observatorio de Trata de Personas, presentó una propuesta de Ley de Desaparecidos a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Mireya Montaño. 

“Debería haber una plataforma de atención especializada y determinar en 48 horas de investigación si es trata, tráfico, secuestro u otro delito. Hoy todas las denuncias se hacen en la División de Trata y Tráfico y  el hecho de que yo desaparezca no significa que automáticamente sea víctima de trata”, explica la directora del Cecasem, Patricia Bustamante.


La falta de datos


  A pesar de reiteradas solicitudes para obtener datos fidedignos sobre este delito en Santa Cruz, este medio de comunicación no pudo acceder a una entrevista con el fiscal de Materia de Trata y Tráfico, Marcos Arce.   

En julio del 2017, el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional dio a conocer que entre el 2012 y 2016 se registraron 2.591 denuncias que llegaron al Ministerio Público, sólo  44 obtuvieron condenas. 


En la investigación más reciente sobre trata realizada por El Deber  se publicó que el Ministerio Público contabilizó 3.000 casos entre  2012 y  2017.  

Desde la aprobación de la Ley 263 en 2012, Santa Cruz figura entre los primeros departamentos con mayor cantidad de denuncias. La Paz y El Alto registran casi la mitad  con 1.480 casos. El tercer departamento es Santa Cruz con 473 casos, según dicha investigación. 


La ventaja del crimen organizado


Para el Consejo Departamental de Trata y Tráfico, la Casa de la Mujer y Asafavittp no existe voluntad política del Estado para aplicar la Ley 263.  La directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez,  sostiene que tampoco se cuenta con la cantidad adecuada de efectivos que trabajen en este tema para un departamento que tiene más de dos millones de habitantes.  

“(La trata) es un crimen organizado que ha logrado permear a las mismas instituciones y a la sociedad civil. Es un secreto a voces, pero tampoco se denuncia (...). Estas redes están tan bien articuladas que su organización supera a la organización de la Policía”, asegura. 

El asesor legal del consejo, Miguel Ángel Moscoso, señala que existen localidades, como San Germán, Yapacaní o San Matías, donde existen claros indicios de trata y donde la Policía o el Ejército no se animan a entrar, son una especie de zonas liberadas.  


“Es como un Estado dentro de otro Estado, lamentablemente (estas zonas) están ligadas al narcotráfico”, concluye Moscoso.

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