El juicio penal en Bolivia fue importante para el de EEUU

Quien fuera una de las cabezas importantes en el proceso contra exmilitares y exministros hace un recuento de los hechos.
jueves, 31 de mayo de 2018 · 00:02

“Fue un juicio penal especial”. Así inicia su explicación el doctor Milton Mendoza Miranda, fiscal del Juicio de Responsabilidades contra exmandatarios y exmilitares por el caso Octubre negro. De este proceso resultaron condenados cinco exjefes militares y dos exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara.

Reportes de prensa de ese entonces señalan que fueron condenados a 15 años de cárcel, Roberto Claros Flores y Juan Véliz. Luis Alberto Aranda Granados, y Oswaldo Quiroga Mendoza recibieron sentencia de 11 años. En tanto que  a Gonzalo Rocabado , excomandante en jefe accidental y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, le dieron 10 años.

La parte acusadora fue la entonces Fiscalía General de la República de Bolivia y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actual Tribunal Supremo de Justicia. Desde su oficina ubicada en el piso 14 del edificio San Pablo en el Prado paceño, el abogado recuerda pormenores de este proceso y por qué fue importante para la causa civil que se llevaba adelante en Estados Unidos por parte de representantes de los familiares de fallecidos durante la llamada Guerra del gas.

Recuerda que cuando ingresó al caso en 2005 existían 11 procesos abiertos por la vía ordinaria. Además había un proceso de juicio de responsabilidades que en su momento fue cuestionado por una mala presentación de la imputación. “Nuestra función fue unificar en un solo caso porque si bien hay muchos escenarios, es un solo fenómeno”, destaca.

Cuando Mendoza utiliza el plural lo hace porque se refiere también a su colega Mirna Arancibia. Ambos fueron puntales del proceso en todas sus etapas. Los dos fiscales del caso tuvieron que lidiar con un sinfín de situaciones para sacar adelante esta causa.

“La prueba material nos la entregaron como cualquier cosa”, refiere Mendoza. Este par de profesionales decidió conformar un equipo especializado para encarar la investigación. De este proceso participaron abogados, policías investigadores y peritos.

Entre las anécdotas de este caso, el 2 de julio del 2010 la Sala Plena de la CSJ designó a 26 vocales para cinco Cortes de Distrito. Mendoza y Arancibia estaban en esa lista. Casi de inmediato surgieron varios pronunciamientos desde distintos sectores, especialmente el de las víctimas de Octubre, para pedirles que no se aparten del caso. Esto debido a que el juicio iniciado el 9 de mayo del 2009 estaba en pleno desarrollo.

Incluso, el fiscal general Mario Uribe le pidió, según explica, que continúe en el caso junto a su colega dado que eran los más indicados para terminar el proceso. Luego de una charla con Arancibia, ambos optaron por continuar en el juicio. La etapa en la que estaban era determinante porque correspondía a la declaración de miembros de las Fuerzas Armadas.

De manera paralela se llevaba a cabo el juicio civil en Estados Unidos contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. “Tenemos una causa común”, afirma Mendoza. En determinado momento, cuando el proceso se estanca allá entre el 2011 y el 2013, el proceso en Bolivia cobró mayor relevancia.

La sentencia contra los ex jefes militares y los exministros de Goni, así como los datos presentados en este juicio fueron importantes para rearmar el caso en el país del norte.
 

 

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