CAPÍTULO IV

Un proceso civil que duró 12 años

Desde el inicio del caso en septiembre de 2007 se tuvieron que superar varias dificultades. El trabajo de los abogados de los demandantes en Bolivia y EEUU fue clave para sacar adelante la causa.
jueves, 31 de mayo de 2018 · 00:03

 Gabriel Díez Lacunza  / La Paz

Cuando las causas ingresaron a las cortes de Miami y Maryland se sabía que el camino iba a ser pedregoso. Cada uno de los integrantes del equipo jurídico estaba al tanto, ese 19 de septiembre de 2007, de que lo que se estaba iniciando debía ser acompañado hasta el final. Así lo entendieron también los demandantes; “ni olvido ni perdón, justicia”, decían para sí, casi en un susurro.

La demanda conjunta de 2008 versaba sobre “asesinatos extrajudiciales; crímenes contra la humanidad; violación de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona y la libertad de asamblea y asociación; muerte injusta y negligencia”. Además, se solicitaba un juicio oral.

La parte acusadora, principalmente Akin Gump, el Centro para los Derechos Constitucionales y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, preveía que Goni y Sánchez Berzaín iban a buscar al mejor elemento humano para defenderse.

“Sabíamos que iban a contratar, y contrataron, a un equipo de primera”, dice James Cavallaro, actual director de la Clínica Internacional de Resolución de Conflictos y Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford en un contacto telefónico. En efecto, la connotada firma Williams and Connolly se hizo cargo de la defensa de ambos desde el inicio.

Ana Reyes, actual defensora del exmandatario y de su exministro, fue nombrada como “abogada del año” en 2017 por la Asociación de Mujeres Abogadas de Washington. Además, cuenta con experiencia en casos de Sudamérica, África y Europa. Stephen Raber, su compañero en este caso, es especializado en arbitraje y litigio civil. Es un abogado con más de 35 años de experiencia. A ellos se suma un equipo de cuatro profesionales de esa firma americana.

Dos leyes, clave en el caso

Para que el caso tenga más fuerza, la parte acusadora se amparó en dos normas americanas: la

Torture Victim Protection Act y el Alien Tort Statute. La primera permite hacer demandas por daños monetarios en muertes extrajudiciales. Mientras que la segunda, da la venia para que ciudadanos extranjeros puedan iniciar acciones civiles contra otra persona en Estados Unidos. Su data se rastrea hasta 1789, pero recién cobró mayor relevancia a partir de 1980, según el portal Earth Rights International.

“Si la persona no está en los Estados Unidos no puede notificar y no puede hacer el juicio”, explica el abogado Thomas Becker. Para ello, ya en la fase de armado del equipo de profesionales, se había previsto la participación de Tyler Giannini y Paul Hoffman como expertos en la litigación bajo estas normas.

A estas alturas ya habían pasado cinco años de los sucesos de septiembre y octubre de 2003. Los familiares de las víctimas vivían cada día entre sus actividades normales y estar pendientes de cómo se desarrollaba esta fase del proceso civil en Estados Unidos. Hasta ese momento se había recordado a los caídos y a los heridos de la “Guerra del gas” durante cuatro años cada 17 de octubre en la avenida 6 de marzo en la Ceja de El Alto.

Dos intentos de echar abajo el proceso

Por parte de los demandados hubo dos intentos de dejar sin efecto el juicio bajo la figura de motion to dismiss, que en español quiere decir “moción para descartar o desechar”. El primero fue al poco tiempo de iniciado el proceso, mientras que el segundo fue después de seis años, el 19 de septiembre de 2013.

“Después de una sesión informativa y un argumento oral sobre la moción de los acusados de desestimar el caso, en noviembre de 2009, el tribunal de distrito falló a nuestro favor, permitiendo que los reclamos por crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales y homicidio culminen en contra de los acusados. La decisión reafirma que los tribunales de los EEUU pueden conocer las acciones entabladas contra quienes cometen abusos contra los derechos humanos y que los jefes de estado extranjeros no pueden actuar con impunidad”, se lee en una memoria del CCR, institución clave de la parte demandante.

Respecto a la segunda moción presentada en 2013, el 20 de mayo de 2014, el juez James I. Cohn tomó una decisión. Desestima los reclamos bajo el Alien Tort Statute, pero mantiene y acepta los reclamos bajo la Victim Protection Act. El proceso avanza una vez más. “Ni olvido ni perdón, justicia”, sopla el viento en El Alto.

La importancia del juicio en Bolivia

El 30 de agosto del 2011 la Corte Suprema de Justicia de Bolivia dictaminó, tras dos años de proceso, la culpabilidad de cinco ex jefes militares y a dos exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso Octubre negro. Ese juicio de responsabilidades había iniciado el 9 de mayo del 2009 con 17 acusados.

Entre julio del 2011 y junio del 2013 el caso se estancó en Estados Unidos. “Nos comunicaron que nuestra demanda civil había sido excluida porque la línea jurisprudencial en este tipo de casos había cambiado desde la Corte Suprema”, explica el abogado Rogelio Mayta. Lo que quedaba era rearmar el caso con elementos novedosos.

“El trabajo que se realiza en Bolivia es fundamental para el juicio de Estados Unidos. Donde realizamos la investigación, la acumulación de datos, pruebas y demás es a través del juicio que se ha hecho en Bolivia. Presentaron los diarios militares”, añade Mayta.

La demanda renovada se trabaja desde principios del 2012. Las reuniones en Bolivia se volvieron a hacer. Los abogados le dan vuelta a los hechos por todos lados y redefinen la demanda. Quienes participaron de esas reuniones clave fueron las abogadas Judith Chomsky y Beth Stephens.

Para todo ello se hacen nuevas entrevistas a los testigos que antes ya habían sido contactados. Además, se apela a testigos que no habían sido tomados en  cuenta antes. Todo un trabajo de ingeniería en leyes. “Nos ajustamos a los parámetros que nos exigían”, sostiene Mayta quien aclara que el trabajo “duro” fue realizado 100% por bolivianos.

Se reabre el caso

Luego de la experiencia de rearmar el caso, finalmente el 6 de junio del 2013 la causa se reabre. Con los nuevos elementos emergidos del juicio en Bolivia se tenía una visión más consolidada del tema.

“La nueva demanda alega que los acusados calcularon que se necesitarían miles de muertes de civiles para detener las protestas anticipadas por una polémica política económica. Se negaron a considerar el diálogo, las prácticas policiales tradicionales u otras alternativas menos violentas a la fuerza letal masiva contra los manifestantes”, reza un boletín de prensa del CCR fechado el 24 de junio  del 2013 en Miami.

En su defensa, durante el juicio oral de marzo pasado, tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín negaron tales situaciones. Consultada sobre los sucesos de septiembre y octubre del 2003, Alejandra Sánchez de Lozada tiene su verdad.

“No es evidente que los lamentables hechos de septiembre y octubre de 2003 hayan sido parte de un plan del Gobierno para usar la fuerza letal contra civiles. Es completamente contrario a los valores de Goni de dedicación y compromiso con su país, reflejadas en sus dos gestiones de gobierno con grandes reformas sociales, económicas y políticas en apoyo y defensa de los pueblos indígenas y las poblaciones más vulnerables como las mujeres, los niños y los ancianos”, explica.

Procede a juicio oral

La penúltima fase del caso Mamani, et al. v. Sánchez de Lozada / Mamani, et al. v. Sánchez Berzaín estaba entrando a su etapa decisiva. Como una última medida para evitar el juicio oral, los acusados presentaron el 28 de noviembre del 2017 una moción para ingresar en un juicio sumario, sencillo y sólo con abogados.

La respuesta no se hace esperar y el 29 de diciembre los demandantes presentan su oposición a ese recurso. La gente de Williams and Connolly prepara su contra para el 12 de enero de este año y 12 días después la parte acusadora vuelve a oponerse.

Finalmente, el 14 de febrero de este año el juez James I. Cohn da la luz verde que todos estaban esperando. “Se tiene suficiente evidencia para proceder a juicio”. Sonríen Eloy, Etelvina, Sonia, Hernán, Juan Patricio, Teófilo, Juana, Hermógenes, Gonzalo y Felicidad.

 

Entre leyes y   mociones

  • Alien Tort Statute  Con el Alien Tort Statute los ciudadanos extranjeros pueden establecer acciones civiles contra otra persona en Estados Unidos. Esta Ley data del siglo XVIII.
  • Victim Protection Act   Esta norma estadounidense permite hacer demandas por daños monetarios, pecuniarios, en casos de muertes extrajudiciales.
  • Mociones  A lo largo del proceso, iniciado en septiembre del 2007, los abogados defensores presentaron dos mociones para que se desestime el caso y una para evitar juicio oral e ir a proceso sumario, lo cual no sucedió.
  • Utilidad  El juicio penal en Bolivia contra exjefes militares y exministros de Goni fue útil para replantear la nueva demanda en 2013.

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