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Opinión

El aborto inseguro como problema de salud

Según el autor, la sola mención del aborto en la legislación penal boliviana impide posicionar con transparencia y profesionalismo una política pública para tratar el tema en su real dimensión.

El aborto inseguro como problema de salud
Marcos Paz Ballivián Sociólogo 

 

Todos ven el aborto como un problema de salud pública pero muy pocos aceptan que se lo trate como tal; es decir, con una política de Estado que persiga disminuir la prevalencia de las complicaciones del aborto. 

Es un problema de salud pública porque la proporción de abortos inseguros es muy grande. Es cierto que con los recursos suficientes el aborto clandestino puede ser tan seguro como el que podría realizarse en condiciones legales; pero eso sólo está al alcance de un pequeño grupo de mujeres.

La actual reforma

La sola mención del aborto en la legislación penal boliviana impide posicionar con transparencia y profesionalismo una política pública para tratar el tema en su real dimensión. Se obliga a los tomadores de decisiones a excluir del beneficio del aborto seguro a mujeres que buscan terminar sus embarazos por causas distintas a la violación, incesto, estupro o por complicaciones graves de salud.

Con la posible ampliación de estas causales, se incrementará el número de abortos seguros, pero se mantendrán restricciones. Es un avance, pero no lo suficiente para resolver el problema en toda su dimensión. Es necesario reconocer que existen recursos médicos capaces de facilitar interrupciones legales del embarazo en condiciones tan seguras como las del parto normal y sin entrar en conflicto con la objeción de conciencia de algunos profesionales. Ya es un mandato que los centros públicos de salud con capacidad resolutiva realicen abortos que la ley ampara, por lo que los nuevos casos cubiertos no afectarán sustantivamente los presupuestos ni la calidad de los recursos disponibles.

Los procedimientos para la atención de las complicaciones del aborto, independientemente de las motivaciones ,están vigentes y, supuestamente, la atención de cualquier emergencia obstétrica es obligatoria e inexcusable en todo el sistema de salud. Si todos los abortos se realizaran, desde un principio, con la asistencia médica requerida, los efectos sobre la salud pública serían prácticamente inexistentes. Además, con ello  disminuirían los costos de la atención, sin mencionar la disminución de problemas que tienen las mujeres cuando se ven incapaces de afrontar un embarazo imprevisto. 

Debiera salir del Código Penal

Los derechos de las mujeres como cualquier derecho humano son indivisibles, innegociables e intransferibles, de modo que cualquier restricción que limite las decisiones autónomas a las que tienen derecho sobre su sexualidad, su cuerpo o su moral debe considerarse, al menos, impertinente. No existe fundamento alguno para penalizar el aborto en ninguna circunstancia, por lo que debería ser retirado como figura delictiva de la legislación penal, exceptuando el accionar de terceros que obligan a practicar el aborto sin el consentimiento de la mujer y el provocado como consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas. De otro modo, siempre se dejará abierta la posibilidad de la intromisión de intermediarios y obstáculos en los derechos de las mujeres.

Tiempo de embarazo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el aborto puede tomarse como tal si se produce o realiza antes de las 22 semanas de gestación, porque  se trata de un periodo pasado el cual existen posibilidades reales de sobrevivencia del producto del embarazo y la salud de la mujer empieza a correr un riesgo crecientemente mayor. La tecnología médica ha avanzado lo suficiente para garantizar la práctica del aborto en condiciones muy seguras como sucede con el tratamiento medicamentoso supervisado, limitando al mínimo los procedimientos invasivos que pueden complicarse sin motivo.

Por el promedio de edad gestacional de los centros que reportan atenciones a mujeres en situación de aborto, en Bolivia, se estima que las interrupciones de embarazos que se producen generalmente en ese margen temporal, tanto en lo que se refiere a abortos espontáneos, que son la gran mayoría, como en los provocados. Una disminución del periodo de gestación de 22 semanas para ser legalmente permitido, implicaría asumir restricciones innecesarias a la atención de una importante cantidad de mujeres que se encuentran en situación de aborto.

Otros posibles problemas

Técnicamente es muy difícil, incluso para el personal mejor calificado, discernir entre abortos inducidos voluntariamente con el consentimiento de la mujer, de aquellos que se producen en forma espontánea o accidental; incluso, de aquellos que son ocasionados por algún tipo de presión o violencia contra la mujer. Otorgar facultades a operadores de justicia para determinar cuáles son los abortos incorrectamente sancionados es un atropello; en peor medida, si se trata de una institución que carece de condiciones mínimas para sancionar efectivamente a delitos corrientes y realmente graves, como las agresiones sexuales.

Es necesario reconocer que los esfuerzos parciales de investigación y registro no son suficientes para intentar una evaluación que refleje la situación del aborto en el país. El Estudio Nacional de Mortalidad Materna ha encontrado en el año 2011 una cantidad de muertes por aborto cercana al medio centenar de casos. Incluso teniendo en cuenta que muchos informantes pudieron desconocer u omitir esta delicada información sobre las mujeres fallecidas en esa gestión, no se espera que en todo el país se produzcan más de cien muertes al año. Esa es una hipótesis fundamentada para futuras investigaciones. 

Es sobre esos conceptos iniciales que proponemos extremar esfuerzos conjuntos para establecer información de base sobre el aborto en Bolivia, con la finalidad de reconocer su magnitud y gravedad y, al mismo tiempo, iniciar la valoración de las medidas públicas asumidas en los años pasados y las que restan por tomarse con la implementación del nuevo ordenamiento jurídico en proceso, que, de partida, creemos que debe merecer, al menos, el beneficio de la duda.

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