Opinión

Réquiem para la democracia

Según el autor, “si la Constitución no es más el ordenamiento legal que se respeta y se acata por todos, es inevitable que a partir de ahora todo esté en entredicho”.
domingo, 08 de octubre de 2017 · 00:00
Henry Oporto Sociólogo
 
Entre las opciones de Evo para volver a las urnas en 2019, no estaba la convocatoria a nuevo referendo. Su derrota en el último referendo del 21F debió dejarlo escaldado y con suficientes temores como para no aventurarse a un nuevo fracaso. 

Su única carta era jugarse a una decisión del Tribunal Constitucional ("modelo nicaragüense”). Su disyuntiva era hacerlo antes o después de las elecciones judiciales del 3 diciembre. Al final, ha optado por lo primero, quizá sopesando menores riesgos y costos políticos.

No por nada hoy en día ejerce un control de hierro sobre los miembros del TC, que ya están de salida y pueden cargar con el muerto. Dejar la decisión a los futuros magistrados, aunque su elección esté digitada por él mismo, entraña un peligro latente. Lo ha experimentado con Gualberto Cusi y otros. 

También es posible que los estrategas de Palacio quisieran "zanjar” la habilitación de Evo mediante una sentencia rápida del TC e intentar así "judicializar” la contienda de diciembre. Pero esta maniobra podría depararles una desgracia mayor. De hecho, la cuestión de la reelección se reinstala con fuerza en el debate público, con el agravante de que ya no se trata de un período más, sino de la reelección indefinida, que es lo que se desprendería de una sentencia favorable del TC al recurso presentado por el MAS. La acción del oficialismo convierte frontalmente la elección judicial en un plebiscito sobre el "derecho” de Evo a eternizarse en el poder.
 
La enfermedad del poder

David Owen estudió el "síndrome de Hubris” como un desorden de personalidad adquirido, que padecen muchos líderes y gobernantes, y cuyo endiosamiento en ambientes adulones y de grupos palaciegos, los lleva a ponerse por sobre la ley y la ética, y a tomar decisiones más por su megalomanía que para resolver problemas reales del país o la gente y sin reparar en los graves males que su patología puede ocasionar. 

También en nuestro caso existen muchos indicios de una adicción compulsiva al poder, que hace que los gobernantes no duden en dinamitar el orden constitucional, con graves consecuencias para la estabilidad política y la convivencia pacífica de los bolivianos. 

Como se sabe, la nueva Constitución es una criatura política del MAS, aunque refrendada por un referendo nacional. La Constitución vigente desde el año 2009 es el ordenamiento jurídico supremo del Estado y de la sociedad. El "Estado Plurinacional” y todas sus instituciones, lo mismo que el sistema de Gobierno, tienen en la Constitución su principal e insustituible referente. Al margen de ella no son nada. De ahí porqué el partido de gobierno debió ser el más interesado en arroparla y protegerla con veinte candados.      

Evidentemente, no es eso lo que sucede. Por el contrario, llevado por una necesidad irrefrenable de conservar y reproducir el poder, el MAS no para mientes en pisotear la Constitución -su propia Constitución-. En realidad, ya lo hizo antes, forzando al TC para habilitar a Evo Morales a una segunda reelección continua, expresamente prohibida por la Carta Magna. 

Conflicto de legalidad y legitimidad 

Quienes están al mando del Estado quizá no entiendan de todo lo que está en juego, incluso la propia legitimidad del mandato presidencial. Un mandato que, no cabe duda, emana del voto popular, pero siempre enmarcado en la Constitución. Apartado del sistema constitucional, el mandato presidencial pierde legitimidad, quizá irrevocablemente. 

Si la Constitución no vale nada, volvemos a la época de las dictaduras, cuando se vivía un conflicto perenne de legalidad y legitimidad. En efecto, allí no existía nada parecido a un acuerdo o consenso en la sociedad acerca del orden político, y que debía ser asumido por todos. El dictador de turno ejercía un poder impuesto por la fuerza, mientras que los adversarios sentían que era su derecho y su deber resistir y buscar su derrocamiento. La política transcurría entre asonadas y cuartelazos, con el resultado de la inestabilidad crónica, que era como una marca nacional.

Únicamente con el advenimiento de la democracia pudo superarse ese conflicto, al reponerse la Constitución como el marco de legalidad de la vida de los bolivianos, y todos decidimos someternos a él. Las reglas de juego para las disputas políticas y el ejercicio del gobierno quedaron fijadas, sobre todo el principio de no reelección, que al asegurar la alternancia democrática, ponía freno a las ambiciones y tentaciones de un gobierno único, permanente y totalitario.
  
El fantasma de la inestabilidad  

Pero si ahora la Constitución deja de ser el ordenamiento jurídico respetado y acatado por todos, todo puede ser puesto en entredicho. ¿Por qué otros bolivianos tendrían que someterse a las decisiones de unos poderes arbitrarios y vaciados de legitimidad?

La lucha política vuelve a ser una caja de Pandora. En ausencia de un orden constitucional efectivo volvemos a los tiempos en que nada era plenamente legal y todo podía ser impugnado, aún incluso por medios no democráticos, en una lógica destructiva y proclive al caos; un factor como pocos que tanto ha lastrado el progreso nacional y de cada uno de los bolivianos.  

Qué duda quepa, el prorroguismo a como dé lugar socava la estabilidad política e institucional, y nos arroja a un tobogán que nadie sabe adónde conduce. Así pues, el horizonte se tiñe de nubarrones que presagian tormentas y tempestades.