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Justicia

Juicios con estructura monitoria ¿Inconstitucionales?

El experto advierte que se deben revisar las normas de los artículos 376,1; 378 al 386 del Código de Procedimiento Civil por ser contrarias a principios y preceptos constitucionales.

Juicios con estructura monitoria ¿Inconstitucionales?
Alberto Solares Gaite  abogado y profesor universitario

El Código de Procedimiento Civil (CPC), aprobado por Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, ha incorporado a nuestro ordenamiento adjetivo el Proceso de Estructura Monitoria, que al tenor del artículo 375 de esa norma  consiste en un procedimiento:

 "…conforme al cual, presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso que se pretende, acoge la demanda mediante una sentencia inicial” (Parágrafo I).

"Con la demanda y la sentencia será citada la parte demandada para que pueda oponer excepciones en el plazo de diez días” (Parágrafo II). 

"Si no se opusieran excepciones en el plazo señalado, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, entrando en fase de ejecución” (Parágrafo III).

Este tipo de proceso tan expeditivo se halla contemplado para varios tipos de procesos (Art. 376).
 
El primero es el proceso ejecutivo, al cual específicamente se halla dirigido el presente comentario e impugnación, por considerar que es uno de los más sensibles respecto a derechos  patrimoniales de las personas, debiendo demandar una atención especializada y los tiempos indispensables para su conocimiento y resolución, pero ante todo un absoluto respeto al ejercicio del derecho de defensa desde el inicio del proceso, siendo incongruente el precipitarse a dictar cualquier tipo de sentencia sin noticia del demandado.

Y esto es, precisamente, lo que llama la atención de tan expedito proceso, la emisión inmediata de una sentencia sin conocimiento de la otra parte, resolviéndose todos los aspectos del proceso, no sólo la validez del documento presentado por el actor, sino disponiendo medidas cautelares y actos propios de la fase de ejecución, como embargos y subastas. 

Se condena incluso ya al demandado al pago de las costas y costos del proceso, manteniendo a este último en absoluta indefensión de cuanto se resuelve al inicio del proceso. El análisis cuidadoso del título de deuda, que recomienda la norma a la Autoridad Judicial, es puramente formal y se omite muchas veces determinar la legalidad del documento constitutivo de la pretensión, casos de error, falsedad, coacción, falta de fuerza ejecutiva pueden estar presentes y son ignorados por ausencia de información o criterios aportados por una oportuna participación de la parte demandada.

La parte demandada, cuando recién es notificada (cosa que no siempre ocurre), sólo puede oponer excepciones predeterminadas, que obligan a un análisis tardío, generan confusiones y quizá perjuicios irremediables, configurando una proceso inadecuado, no compatible con la sensibilidad de las operaciones financieras.

En concreto, en el marco CPC se deben revisar por ser contrarias a principios y preceptos constitucionales, las normas contenidas en los artículos 376,1; 378 al 386, que regulan el procedimiento de los procesos ejecutivos de estructura monitoria por sus características de desigualdad y falta de lógica procesal, por limitar el conocimiento e imparcialidad del litigio, supeditando el mismo a la versión y pruebas presentadas por una sola de las partes e incurriendo en prejuzgamiento e inseguridad procesal.  Se genera así un alto riesgo de impartir una justicia parcializada, mecánica y sin el necesario equilibrio e igualdad para las partes, que constituyen las bases del debido proceso.

En consecuencia, no sólo es probable sino seguro que al aplicarse este procedimiento se incurre en el desconocimiento de principios jurídicos esenciales, la violación de derechos fundamentales y garantías consagradas por la Constitución Política del Estado (Derecho de Defensa oportuno, Debido Proceso, Derecho a ser oído antes de ser juzgado, Igualdad entre las partes, etc.).

Finalmente, el aplicar procedimientos contrarios a todo concepto de justicia, dictando sentencia, aún sea inicial, sin conocer los descargos y razones jurídicas del ejecutado, no sólo constituye un prejuzgamiento y un atentado a la lógica procesal, puesto que se toman decisiones sobre el fondo del litigio y medidas cautelares y de ejecución, sin respetar el derecho a una defensa oportuna. 

Dictada la sentencia y medidas de ejecución, recién el ejecutado, si es notificado, sale de su estado de indefensión y puede oponer algunas excepciones predeterminadas.  Hay casos reales en los cuales el ejecutado por un banco se entera recién de la existencia del proceso después de realizado el remate de sus bienes.

En una época en que se proclaman los derechos humanos y sus convenciones en un nivel superior incluso al constitucional, no debería existir en nuestro ordenamiento jurídico normas tan lesivas al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (considerada como derecho humano de tercera generación). 

Tampoco  se debería permitir la imposición de contratos de adhesión no regulados, mediante los cuales se sigue cometiendo abuso de posición dominante frente a los usuarios del crédito financiero, a los que se obliga a la renuncia de sus derechos procesales, que son de orden público y no pueden ser renunciados por convenciones privadas.

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