Opinión

La ineficiencia de la Administradora Boliviana de Carreteras

“La ABC necesita con urgencia un ‘golpe de timón’ y su flamante presidente a.i. se merece una oportunidad para cambiar la lamentable historia de la institución a su cargo”.
domingo, 10 de septiembre de 2017 · 12:49:00 a.m.
Miguel Antonio Roca  Ingeniero civil
 
Si algún éxito indiscutible ha tenido desde su creación en   2006 la Administradora Boliviana de Carreteras (la ABC), ha sido su capacidad de generar noticias positivas para el Gobierno, con innumerables actos oficiales de firma de contratos e inauguraciones de obras de carreteras, siempre con discursos, guirnaldas, aplausos, francachela y comilona,  así como con miles de horas de propaganda gubernamental en radio y televisión. 

Sin embargo, la realidad del sector vial boliviano dista mucho de lo que muestran las fotos de los actos oficiales o los muy bien producidos spots publicitarios de la ABC. 

En días pasados el Ministro de Obras Públicas posesionó a un nuevo presidente (a.i.) de la Administradora Boliviana de Carreteras, Marcos Loayza, quien tiene por delante el enorme desafío de enderezar la inversión en el sector vial boliviano, caracterizada en los últimos años por la ineficiencia, una frágil institucionalidad y la poca transparencia.

Ineficiencia

Algunos medios de prensa han atribuido la destitución de la anterior presidenta de ABC, Noemí Villegas, a su responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por la intempestiva fuga del país de la empresa contratista española Corsán-Corviam/Isolux, una de las principales contratistas de la ABC. 

Lamentablemente, lejos de ser una excepción atribuible a una empresa que tuvo una quiebra financiera en su país de origen, lo descrito parece ser común en los proyectos encarados por la ABC. Según el portal oficial de la institución, ésta tiene actualmente 88 proyectos "en ejecución”, por un total de 5.114 kilómetros y 5.232 millones de dólares, muchos de los cuales llevan más de una década en ese estado, como la carretera Potosí-Tarija, obra que se inició antes de que el MAS llegara al Gobierno y que aún no puede ser terminada ni recibida por los múltiples defectos y falencias que tiene, además de haber pasado por una resolución de contrato y abandono temporal de las obras. 

Es más alarmante aún constatar que, según el portal oficial del Sistema de Compras Estatales, 37 proyectos carreteros han fracasado como el de San Buenaventura-Ixiamas, es decir, con resolución de contrato, abandono de las obras y miles de trabajadores, subcontratistas y proveedores impagos, amén de los cuantiosos daños económicos al Estado y a la sociedad por la demora que dicho fracaso implica. 

Lo peor es que en la lista oficial de contratos que fueron resueltos no aparecen algunos de los más sonados fracasos, como el abandono de las obras por parte del consorcio AR-BOL (Electroingeniería) a cargo de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, que lleva más de ocho años en ejecución con un avance muy pobre. Al igual que con el caso de Corsán-Corviam, la información oficial registrada en el SICOES apunta a que en muchos casos no se ejecutaron las garantías contractuales correspondientes.

Es cierto que -pese a los 37 fracasos y las 88 carreteras "en ejecución” ad infinitum- la ABC ha logrado concluir algunos proyectos en la última década. Sin embargo, el autor de la presente nota no ha podido identificar ninguno que haya terminado exitosamente en plazo y dentro del presupuesto original. 

Pensando que ese objetivo básico de gerenciamiento de proyectos es un umbral demasiado alto para nuestra débil agencia vial, en un congreso internacional de carreteras, auspiciado por la ABC y llevado a cabo hace unas semanas en Santa Cruz, ofrecí públicamente a los asistentes una botella de whisky a quien logre identificar un proyecto carretero que haya terminado sobrepasando sólo un 20% del plazo y el presupuesto originales. Aunque muchos lo intentaron, nadie logró reclamar el premio. 

No obstante, en su réplica pública, Erik de Las Heras (gerente nacional técnico de ABC) aseguró que eran muchos los proyectos que cumplían con dicha condición y dio como ejemplo el proyecto "Puente Uruguayito-San Ignacio de Velasco”, en el departamento de Santa Cruz. No pensamos que el ingeniero De Las Heras haya mentido deliberadamente al respecto, pero al parecer ni la máxima autoridad técnica de la ABC tiene información fidedigna sobre los proyectos a su cargo, puesto que el proyecto de marras sobrepasó en un 28% su plazo original -toda una hazaña del contratista, si se toma en cuenta que la ABC ni siquiera cumplió con su obligación de liberar el derecho de vía correspondiente.

Frágil institucionalidad y poca transparencia

Desde su fundación mediante la Ley 3507 de octubre de 2006, la Administradora Boliviana de Carreteras ha tenido como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) a personas que no cumplían con el perfil profesional necesario para dirigir la institución vial que concentra miles de millones de dólares de inversión pública. 

Ninguno de ellos tenía experiencia previa en grandes proyectos de infraestructura pública, mucho menos de carreteras, ni experiencia a la cabeza de una institución pública del tamaño y complejidad de la ABC. Para colmo, dichas autoridades fueron nombradas en flagrante violación del artículo cuarto de la citada ley de creación de la ABC, que establece que su presidente ejecutivo será "nombrado por el Presidente de la República, de terna propuesta por dos tercios de votos de la Honorable Cámara de Diputados”. 

Cualquier institución pública, cuya cabeza no está capacitada para el cargo y nombrada en violación a la ley, está destinada al fracaso por la débil institucionalidad que ello genera. Hay en la ABC excelentes profesionales -principalmente en las gerencias regionales-, pero es de lamentar que ellos no son los que toman las decisiones, las cuales están supeditadas al cálculo político imperante a partir del nombramiento de autoridades espurias. Si a la débil institucionalidad añadimos el sistema vigente de compras estatales que promueve una gran discrecionalidad al momento de adjudicar contratos de obras y supervisión (ver "La chacota de la inversión pública”, artículo publicado en Página Siete en 23/04/2017), el resultado es una seria falta de transparencia y una evidente ineficiencia. 

La ABC necesita con urgencia un "golpe de timón” y su flamante presidente a.i. se merece una oportunidad para cambiar la lamentable historia de la institución a su cargo. Para ello necesitará ser nombrado como establece la ley, de manera que pueda ejercer sus funciones con sumisión únicamente a la propia ley y a los intereses de la patria. Lo contrario lo dejará a mereced de la voluntad sectaria, personal e ilegítima del dedazo que lo nombró, además de confirmar que al Gobierno no le interesan ni la eficiencia ni la transparencia de la millonaria inversión en carreteras.