Corte internacional

La demanda marítima más allá de La Haya

El autor sostiene que lo máximo que podemos esperar es que ese alto tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar.
domingo, 11 de marzo de 2018 · 00:00

Andrés Guzmán Escobari Analista

El mes de marzo de 2018 comenzó con grandes expectativas en Bolivia respecto a lo que ocurrirá con nuestra demanda marítima en La Haya, donde una nutrida delegación boliviana, compuesta por las más altas autoridades del país –actuales y del pasado reciente–, asistirá a las audiencias orales del caso registrado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Bolivia vs. Chile”. 


Las expectativas son grandes no sólo porque se trata de un tema de altísima importancia para el país, sino también porque lamentablemente se han creado falsas esperanzas en el pueblo boliviano respecto a lo que podría dictaminar la Corte. 


Ciertamente, debido a que algunas autoridades han dicho que “estamos por primera vez muy cerca de volver al Pacífico con soberanía” y “esperamos que (esta historia) termine con un fallo justo, certero y correcto que nos devuelva a los bolivianos nuestro derecho de ser un país con un acceso soberano al mar…”.


Entre otras cosas; muchas personas que no conocen los pormenores del caso creen sinceramente que la CIJ puede obligar a Chile a cederle a nuestro país una salida soberana al Océano Pacífico; o que ese tribunal puede reconocer la existencia de un derecho al mar para Bolivia, lo que en realidad no es cierto ni tampoco posible. 


De acuerdo a lo que hemos solicitado en nuestra demanda y a las facultades que tiene la CIJ, lo máximo que podemos esperar, en el mejor de los casos, es que ese alto tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acuerdo que le dé a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Lo cual si bien representaría un gran avance, inédito en la amarga historia que hemos vivido los bolivianos en este tema, plagada de frustraciones, burlas y promesas incumplidas; es altamente discutible que estemos más cerca del mar que nunca si consideramos que en 1895, 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975 Chile se comprometió o prometió negociar soberanía. 


Por otra parte, tampoco podemos esperar que la CIJ nos devuelva nuestro derecho a ser un país marítimo porque sencillamente no hemos pedido eso. 


De hecho, después de que Chile intentó cuestionar el objeto de nuestra demanda en su objeción preliminar de competencia, aduciendo que Bolivia estaría buscando que se le reconozca un supuesto derecho a poseer un acceso soberano al mar de manera encubierta; la Corte tuvo que aclarar en su fallo (par. 32) que la demanda boliviana no solicita ese reconocimiento y que si bien puede suponerse que el acceso soberano al mar es el objetivo último de Bolivia, es necesario distinguir entre ese objetivo y la controversia presentada a la Corte que versa únicamente sobre la existencia de una obligación de negociar un acceso soberano al mar y el deber que tiene Chile de cumplir con esa obligación. 


Con esto no quiero decir que la demanda haya sido un error, todo lo contrario, creo que es lo mejor que pudimos haber hecho dadas las circunstancias que nos tocó vivir después de que el gobierno chileno de Sebastián Piñera interrumpió las negociaciones de la Agenda de 13 puntos a finales de 2010, que habían sido iniciadas auspiciosamente durante la primera administración de Michel Bachelet. 


Pero también considero que es importante ser claros en esto, el fallo no nos devolverá el mar, sólo podría contribuir a que lo recuperemos mediante una negociación y el éxito de esa posible negociación dependerá única y exclusivamente de las partes. 


Esto es importante aclararlo y sería bueno que también lo aclaren nuestras autoridades, para evitarles una nueva frustración a todos esos bolivianos que están esperando más de lo que podemos lograr en este juicio y para iniciar además un proceso de socialización y debate, en el que nos preparemos como sociedad para los posibles escenarios que se abrirán después del fallo de la CIJ.


Si la Corte falla a favor de Bolivia, entonces será imprescindible contar con un consenso generalizado entre bolivianos respecto a qué queremos, qué entendemos por “acceso soberano” y lo más importante y difícil de todo: qué estaríamos dispuestos a dar para obtener lo que estamos buscando. 


La definición de estos temas entre los bolivianos les daría a nuestros gobernantes y futuros posibles negociadores una idea más clara de qué debemos pedir en esa posible negociación y qué podemos ofrecer. En este punto, es también una realidad no atribuible al actual gobierno, que muchos bolivianos esperan un resarcimiento total de parte de Chile, en el que se compense, redima y remedie el daño infligido a Bolivia a partir de 1879. 


Esto, si bien es absolutamente comprensible y legítimo, no resulta realista ni conveniente considerando nuestra realidad en términos de poder relativo frente a Chile y las posibilidades que ofrece el derecho internacional a países como el nuestro para resolver este tipo de injusticias.


Por eso es necesario flexibilizar esas viejas posturas que exigen un resarcimiento total y que no quieren que Chile obtenga más beneficios de un acuerdo con Bolivia, porque lo único que hacen es perpetuar nuestro encierro geográfico. 


Pero volviendo al manejo político del asunto, debemos estar conscientes de que llevar a varios personajes políticos a La Haya o coser la bandera más larga del mundo, no nos devolverán el mar. Lo que verdaderamente podría ayudar es la elaboración de una estrategia diplomática para lo que vaya a venir, que incluya las conclusiones de ese debate interno que se requiere hacer entre bolivianos, que considere las teorías de la negociación y que priorice a nuestros intereses nacionales por encima de los nacionalismos y las ideologías. 


Con esto tampoco estoy diciendo que está mal que se conforme una gran comitiva para las audiencias orales o que se confeccione una gran bandera de nuestra Fuerza Naval, al contrario, esas iniciativas promueven la unidad entre bolivianos y hacen que nuestra causa se fortalezca y se conozca más en el mundo. Pero lo más importante y necesario, valga repetirlo, es contar con una estrategia que nos permita afrontar el fallo de la CIJ, sea cual fuere su tenor.  


Finalmente, cabe señalar que es totalmente legítimo que un gobierno aproveche los réditos políticos de una gestión emprendida por cuenta propia, más aún si se trata de una medida que nadie más se atrevió a tomar en el pasado; pero cuando ese aprovechamiento sobrepasa el límite de la realidad y genera falsas expectativas, pierde gran parte de su legitimidad y se convierte en una bomba de tiempo para sus promotores.

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