Género

Niñas y adolescentes, víctimas silenciosas de la violencia en la escuela

Jiménez analiza la violencia de género en el marco educativo en Bolivia. Propone la educación como instrumento insustituible para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
Niñas y adolescentes, víctimas silenciosas de la violencia en la escuela
En las imágenes, estudiantes y programas del Centro de Multiservicios Educativos CEMSE. Foto:CEMSE   
Niñas y adolescentes, víctimas silenciosas de la violencia en la escuela
En las imágenes, estudiantes y programas del Centro de Multiservicios Educativos CEMSE. Foto:CEMSE   
Niñas y adolescentes, víctimas silenciosas de la violencia en la escuela
domingo, 11 de marzo de 2018 · 00:00

Elizabeth Jiménez Landívar Consultora e investigadora

Desde hace varios años, la violencia de género, más allá de ser un fenómeno que preocupa a operadores de justicia, analistas y actores sociales involucrados en el tema, es un hecho que afecta directamente al conjunto de mujeres que se constituyen en víctimas potenciales o reales de acciones violentas de parte de diversas personas o entidades de su entorno.


En 2017, la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia reportó 92 casos de feminicidio y 28.060 denuncias de violencia contra la mujer. El fenómeno es tan preocupante que, a fines del año pasado, activistas y organizaciones de protección de los derechos de la mujer demandaron a las autoridades declarar “alerta roja” en el país, ante el incremento en los feminicidios en Bolivia. 


Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a pesar de que Bolivia es una de las naciones latinoamericanas que presenta mayor avance normativo en la lucha contra esta lacra, siete de cada 10 mujeres sufren en su vida algún tipo de violencia, incluida la de género. El fenómeno no es propio de nuestro país; de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la región latinoamericana  es una de las más violentas contra el sexo femenino a pesar de las leyes que se han implementado durante los últimos años.


Uno de los ámbitos de mayor importancia en este sentido es el sistema educativo; específicamente la escuela. En ella se reproducen las relaciones sociales y se influye en la construcción de identidades y representaciones. Las relaciones de género afectan la adquisición de conocimientos y el rendimiento académico de varones y mujeres. Es en la escuela donde los castigos corporales, humillaciones, malos tratos, agresiones físicas, insultos y acoso sexual se dan de forma cotidiana. Este tipo de violencia es más difícil de detectar y tratar. En muchos casos, inclusive autoridades y personal administrativo niegan o minimizan su impacto sobre las mujeres.


Según un estudio elaborado en 2017 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denominado “Las Violencias en el Espacio Escolar”,  tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes de la región latinoamericana vivieron situaciones de violencia en la escuela, siendo víctimas de agresiones físicas y burlas. Este tipo de violencia influye en el proceso de aprendizaje y se encuentra ligada a un mayor ausentismo, abandono escolar, falta de motivación y pobre desempeño en la escuela. 


En Bolivia, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, municipales e institucionales por erradicar este tipo de violencia, aún falta mucho por hacer. El avance más prominente  es el Plan de Convivencia Pacífica y Armónica establecido por el Código Niño Niña Adolescente para todas las unidades educativas con carácter obligatorio, el cual debe ser elaborado en un proceso abierto y participativo, incorporando derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, normas de conducta, procedimientos y sanciones disciplinarias, así como formas alternativas para la resolución de conflictos. Sin embargo, el mismo asume un carácter general, no está dirigido específicamente a la erradicación de la violencia de género. 


Si bien en lo curricular no existe hasta el momento un proceso de transversalización de contenidos, de las cuatro dimensiones que caracterizan el currículo del actual Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, la del “Ser” “permite al actual docente trabajar en el ámbito de los valores. Sin embargo, ésta es una posibilidad asumida por cada docente de forma voluntaria, e inicialmente en el marco de sus propias decisiones.


Otra herramienta muy útil empleada en la planificación educativa es el Proyecto Sociocomunitario Productivo o PSP, que es un instrumento estratégico que permite organizar lo educativo a partir de problemas de la realidad. En el PSP es posible insertar contenidos relacionados con asuntos de género. Nuevamente, la elección de este tipo de temas queda librada a la decisión de cada establecimiento escolar.


Paralelamente, la normativa elaborada por las instancias correspondientes, puede ser utilizada como marco de acción (Ley de Educación Avelino Siñani 070, Código Niño Niña Adolescente, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una vida Libre de Violencia, etc.), en las unidades educativas.


Sin embargo, a pesar de la importancia de crear mayor conciencia sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres desde la escuela, todavía no se puede verificar un cambio cualitativo en nuestro país. Los números así lo indican. El Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó, en 2016, la primera “Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres”.


 De acuerdo con sus resultados, de un total de 3.349.160 mujeres de 15 años de edad o mayores que asisten o asistieron a un centro educativo, el 65% ha revelado algún incidente violento ejercido por compañeros de estudio, profesores, catedráticos o personal administrativo. De este promedio, el área rural registró un mayor porcentaje de mujeres en situación de violencia de género, con el 69,7%, mientras que el área urbana presenta el 63,2%.


Según  el INE, a lo largo de su vida estudiantil, de cada 100 mujeres 32 sufrieron agresiones psicológicas, 2 alguna violencia física, 18 algún hecho de violencia psicológica y física, 8 manifestaron haber sufrido violencia psicológica, física y sexual, 4 violencia psicológica y sexual y 35 declararon no sufrir ningún tipo de agresiones o violencia en el ámbito educativo. 


Adicionalmente, el informe establece que los principales agentes de agresión o violencia en el sistema educativo escolar son los compañeros. En segundo lugar, se ubican las autoridades escolares: directores, personal administrativo (regentes, secretarias/os, porteros, etc.), directores, etcétera. 


Para el profesor Félix Omonte, director del Colegio San Simón de Ayacucho, turno mañana, la violencia hacia las mujeres es reducida, presentándose en mayores índices de violencia entre varones: “en el colegio no hemos detectado violencia contra las niñas, más que esa violencia entre pares. Si detectáramos, si hubiese un caso de este tipo, el hecho ya está penado por ley, hay normas muy concretas al respecto. El Código Niño Niña Adolescente establece las normas y son drásticas también para los docentes”.


“El trabajo con todos los agentes involucrados en la comunidad educativa para prevenir la violencia hacia niñas y adolescentes en razón de género es imprescindible. Las acciones de información y de concientización deben desarrollarse tanto hacia docentes, como alumnos, padres de familia e inclusive el proceso debería de extenderse hacia el conjunto de la comunidad educativa”, agrega.


En opinión del director del Centro de Multiservicios Educativos CEMSE, Federico Escobar, “muchas de las personas involucradas no reconocen la violencia como algo que les sucede a ellos. A partir de este reconocimiento nosotros hemos empezado a trabajar este tema desde un enfoque de derechos; estamos buscando que tanto los sujetos que son los beneficiarios, es decir los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las unidades educativas, puedan ellas exigir ese derecho”.


“Trabajamos no solamente con adolescentes y niños, sino también con maestros y maestras, padres de familia y también con instituciones involucradas en el tema, es decir la Defensoría, otras instituciones, direcciones distritales, etcétera, con el objetivo de que, bajo este concepto de red, puedan ellos también formar parte de este conjunto de instituciones y de actores que están involucradas en el tema de violencia”, añade.


Programas como el que está llevando a cabo el Centro de Multiservicios Educativos CEMSE permiten consolidar el trabajo de sensibilización a través de la capacitación tanto a docentes, como a estudiantes y padres de familia. Para su director, el siguiente paso es que los gobiernos municipales y departamentales puedan tomar la iniciativa de conformar mesas o redes por distritos o comunidades alrededor de temas como la violencia hacia la mujer.


Escobar expresa que “algo que funciona bastante bien es cuando existen varios actores involucrados en una misma problemática. Hablamos del distrito educativo, alrededor de unas 20 manzanas alrededor de este espacio. Hay varios articuladores: defensorías, centros de salud, unidades educativas, alguna sección de la Policía, actualmente cada uno realiza sus actividades sin conocer al otro que está también desarrollando actividades en la misma zona, por lo tanto, lo mejor es conformar redes; éstas tienen que ser territoriales en función de un espacio determinado”.


En este proceso, el esfuerzo de la escuela para lograr la participación de madres y padres, así como del resto de la comunidad educativa en la reducción de la violencia a las mujeres, es vital. En la medida que nuestros indicadores sobre este problema sean reducidos, será posible afirmar que nuestra sociedad está trabajando para lograr un desarrollo integral y duradero. De otra forma, el sistema educativo tendrá que asumir responsabilidad a mediano y largo plazo por los preocupantes datos sobre el incremento de la violencia en razón de género en Bolivia.

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