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Mayor grupo criminal de Brasil instaló bases en Bolivia, según Ministerio Público de Sao Paulo

El PCC realizó un censo interno que determinó la conformación del grupo con 6.000 miembros que están detenidos en las cárceles paulistas y 3.582 en libertad en los otros 22 estados, Bolivia y Paraguay, además de un arsenal de armas y siete millones de reales (unos 3,2 millones de dólares) 'enterrados' en varios lugares.

Mayor grupo criminal de Brasil instaló bases en Bolivia, según Ministerio Público de Sao Paulo

Maximiliano Dorado (izq.) miembro del PCC detenido en 2010 en Bolivia. A la derecha, reos de una cácel brasileña.

Según un informe del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, divulgado por el diario O Estado de Sao Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC), considerado el mayor grupo del crimen organizado de Brasil y que opera desde las cárceles brasileñas, se extendió a 22 de los 27 estados brasileños e "instaló bases internacionales" en Bolivia y Paraguay, informó EFE.

El PCC realizó un censo interno que determinó la conformación del grupo con 6.000 miembros que están detenidos en las cárceles paulistas y 3.582 en libertad en los otros 22 estados, Bolivia y Paraguay, además de un arsenal de armas y siete millones de reales (unos 3,2 millones de dólares) "enterrados" en varios lugares.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, descartó el lunes 30 de septiembre la presencia en Bolivia de estructuras parecidas a los 'carteles del narcotráfico' de Colombia, México o Brasil.


"No podemos hablar de carteles, aquí no existen estructuras que hayan sobrepasado el control estatal. Cuando en un país se instala un cartel es porque el Estado fue rebasado y sobrepasado", aclaró en ese entonces a los periodistas.

Dicho informe brasileño también detalla que el PCC planeaba rescatar prisioneros, atentar contra autoridades de policía y participar en actividades políticas, informó EFE.

El informe denunció a 175 personas del grupo y pidió a la Justicia pasar para el Régimen Disciplinario Diferenciado, una especie de aislamiento, a 32 integrantes de la cúpula del PCC, que están presos en la ciudad paulista de Presidente Venceslau.

El Grupo de Actuación Especial de Represión al Crimen Organizado (GAECO) del Ministerio Público regional, integrado por 23 promotores, investigó a partir de la interceptación telefónica, de declaraciones de testigos y de informes recogidos durante la incautación de drogas y armas.

Según la investigación, el PCC pretendía el rescate de algunos prisioneros, atentar contra autoridades policiales e, incluso, participar de actividades políticas.

La actuación del grupo, que "domina" el 90 % de las cárceles en Sao Paulo y fue responsabilizado por los ataques en mayo de 2006 contra policías y autobuses en todo el estado, que dejaron casi 300 muertos, se extendió a 22 de los 27 estados brasileños e "instaló bases internacionales" en Bolivia y Paraguay.

En sus finanzas, el grupo recauda unos 120 millones de reales (unos 54,8 millones de dólares) anuales, por sus negocios de tráfico de drogas, una lotería que funciona en las cárceles y algunos barrios paulistas y contribuciones de "donadores".

La facturación, sin contar el lucro por negocios particulares de los criminales, colocaría al PCC entre las 1.150 mayores empresas brasileñas, apuntó la investigación.

En el lenguaje interno, la cúpula y las bases del grupo son llamadas de "sintonía", con sus correspondientes divisiones.

De acuerdo con la información, el narcotraficante paraguayo Carlos Antonio Caballero "Capilo" y los brasileños Claudio Marcos Almeida "Dyango", Rodrigo Felicio "Tiquinho" y Wilson Roberto Cuba "Rabugento", son los principales proveedores de las drogas.

En una de las interceptaciones telefónicas en las cárceles, el apuntado como cabecilla del PCC, Marco Willians Herbas Camacho "Marcola", afirmaba a otro alto miembro del grupo que había conseguido erradicar el consumo de crack dentro de los centros penitenciarios de Sao Paulo y que gracias al control ejercido por el "comando" se redujo la criminalidad en el estado.

"Una sentencia de muerte tiene que ser refrendada por un tribunal del 'comando'. Hoy para matar a alguien es con la mayor burocracia. Entonces fue el PCC el que redujo la criminalidad y los homicidios cayeron, pero veo al gobernador (Geraldo Alckmin) diciendo que fue él", aseveró Marcola en la conversación telefónica.

Los medios locales aseguraron que la muerte de cuatro de los cinco asesinos del niño boliviano Brayan Yanarico Capcha, de cinco años tiroteado durante un asalto en junio pasado en Sao Paulo, habría sido ordenada por el PCC por violar los "códigos" de la organización y por el padre de Marcola ser un inmigrante de Bolivia. 

Página Siete Digital


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