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La defensa afirma que no corresponde una extradición

La segunda campaña para extraditar a Goni

La Fiscalía General del Estado envió una segunda solicitud de extradición después de la negativa al primer trámite del año 2012.

La segunda campaña para extraditar a Goni

Archivo APG. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada vive actualmente en Estados Unidos.

A diez años de la masacre de octubre de 2003, la justicia boliviana emprendió una segunda ofensiva legal para traer al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros a Bolivia para que sean juzgados por la muerte de más de 60 personas civiles.
  Un primer intento de extradición fracasó, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó  incompatibilidad en las legislaciones de los dos países respecto a los delitos por los que la justicia boliviana reclama al exmandatario y a sus excolaboradores Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.
El trámite de extradición emprendido por la justicia boliviana, que comenzó en 2008, fue rechazado por Estados Unidos el 6 de septiembre de 2012. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo de Justicia impulsaron un segundo trámite para extraditar al exmandatario, esta vez subsanando las observaciones realizadas por el Departamento de Estado.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, viajó la pasada semana a Estados Unidos para contratar al bufete de abogados Rabinowitz Boudin, a un traductor de la solicitud de la extradición y se reunió con el fiscal adjunto de los EEUU, Bruce C. Swartz, a quien proporcionó toda la información sobre la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada y sus dos exministros, además, dijo que dialogaron sobre temas de cooperación jurídica internacional entre ambos países.
"Ha sido una reunión al más alto nivel que se ha tenido, hemos explicado el tema de la extradición y lo importante es que el fiscal adjunto de los EEUU se ha comprometido a tener una relación de colaboración directa en éste y otros casos”, destacó  Guerrero tras llegar a Bolivia.
La justicia boliviana  demandó la entrega de las tres exautoridades para que asuman su defensa en tribunales bolivianos por los delitos de masacre y vejaciones y torturas, entre otros, en el marco del juicio de responsabilidades por la muerte de más de 60 personas en octubre de 2003.
El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, expresó su esperanza de que este proceso sea exitoso a diferencia del primero; aunque autoridades, como el decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Jorge Von Borries, consideró que la doble nacionalidad y la edad de Sánchez de Lozada serán los principales obstáculos para lograr su extradición.
El abogado y yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, consideró que el tema de la nacionalidad no es relevante, sino lo sustancial es si corresponde o no una extradición porque, en su criterio, el expresidente fue derrocado en octubre de 2003.
 En este proceso hay 17 acusados, pero solamente siete están en el país sometidos a la justicia boliviana, mientras otras 10 exautoridades huyeron, según dice el abogado Rogelio Mayta, "por la indulgencia” de las autoridades del órgano judicial. Es el caso de Javier Tórrez Goitia, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas, Guido Áñez y Hugo Carvajal Donoso.

En pleno juicio huyó el exministro Dante Pino Archondo.

Los  trámites
Autores  La justicia boliviana  demanda la entrega del expresidente y dos de sus exministros  para que asuman su defensa en tribunales bolivianos por los delitos de masacre y vejaciones y torturas, entre otros, en el marco del juicio de responsabilidades por la muerte de más de 60 personas.
Trámite  Este es el segundo intento para que los acusados sean juzgados en el país.

Los alegatos de la parte querellante
El abogado de las víctimas de la masacre de octubre, Rogelio Mayta, explicó que la masacre  no fue un accidente, sino que fue planificada. Ése es uno de los argumentos para acusar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada como el autor principal de las más de 60 muertes.
"No fue un accidente o algo que pasó en una secuencia fatal y desafortunada de hechos, sino todo lo contrario, fue algo que Gonzalo Sánchez de Lozada y toda su coalición de gobierno midieron, proveyeron y determinaron que suceda, aunque esperaban que el fin sea diferente”, señala el jurista.
Así, el expresidente aprobó una serie de normas desde el año 2002 para utilizar las Fuerzas Armadas en situaciones de convulsión social, penalizó los bloqueos de caminos y estableció las reglas para juzgar a presidentes y exministros que en última instancia le sirvió para proteger a los exfuncionarios de posibles procesos penales.

Dos ministros y 5 militares juzgados
El 30 de agosto de 2011, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó  a penas de entre 3 y 15 años de cárcel a dos ministros y cinco exjefes militares  por los hechos  de octubre de 2003, acusados de  delitos como el genocidio en su modalidad de masacre sangrienta.
Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron  condenados a tres años de prisión, acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años. Sánchez de Lozada y sus ministros  son prófugos de la justicia.

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