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Fiscalía verifica cuatro proyectos fantasma del Fondioc en Caranavi

El diputado de UD Rafael Quispe cree que el Ministerio Público sólo busca detener a los “ispis” y no a los “peces gordos” del desfalco en la entidad indígena.

Fiscalía verifica cuatro proyectos fantasma del Fondioc en Caranavi

Archivo. El fiscal Anghelo Saravia está a cargo de la investigación.

Beatriz Layme / La Paz

El fiscal Anghelo Saravia, que está a cargo de la investigación del caso  Fondo Indígena, informó  que en una inspección in situ  a los proyectos de Caranavi, que financió la entidad, se verificó  que cuatro son "fantasmas”.

"Hemos hecho los registros,  las inspecciones al lugar de los proyectos  en la localidad de Caranavi, se ha hecho más de cuatro registros y de acuerdo a los informes y así como las placas fotográficas -presentados por los investigadores-   se constata que  cuatro proyectos son ‘fantasmas’,  no existe un avance ni al 1%”, informó  el  fiscal a Página Siete. 

Sin precisar el nombre y los montos  de los proyectos, el fiscal Saravia anunció que en los próximos días visitará nuevamente el municipio de Caranavi para verificar en el lugar otros dos proyectos que fueron financiados por la entidad indígena, ahora en proceso de liquidación.

La Fiscalía investiga el caso desde febrero de 2015, cuando la Contraloría reveló un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y "fantasmas”.

La indagación se amplió y el 15 de septiembre de 2015 la interventora del Fondioc denunció un daño económico de 102 millones de bolivianos por 713 proyectos observados y 30  fantasmas, que recibieron hasta un 80% de financiamiento del Fondo. 

Por este caso están detenidos al menos 10 personas, entre ellos los exdirectores de la entidad Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo. También está detenida la exministra de Desarrollo Rural  Julia Ramos, quien en su condición de miembro del directorio del Fondo Indígena aprobó ocho proyectos  por un valor de 7,5 millones de bolivianos. 

Los exdirigentes campesinos e indígenas Félix Becerra, Damián Condori, Melva Hurtado y otros están detenidos en la cárcel porque recibieron recursos del Fondioc, pero otros líderes afines al oficialismo que recibieron recursos económicos no fueron citados a declarar.
    
El diputado Rafael Quispe cree que la Fiscalía pretende detener a los "ispis” (peces pequeños) y no a los "peces gordos, como Nemesia Achacollo, Hilarión Mamani, Juanita Ancieta, Felipa Huanca, Rodolfo Machaca y otros dirigentes que fueron parte del directorio del Fondo Indígena y ahora conforman el Pacto de Unidad”, denunció. 

Afirmó que una inspección in situ "no es suficiente” y lo que se requiere es una auditoría "para identificar si hubo una inversión productiva, si se concretó los objetivos que se trazó el Fondo Indígena. Mientras no exista una auditoría no se conocerá el daño económico real al Estado ni los verdaderos responsables”.

Héctor Castellón, abogado del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, espera que la Fiscalía -antes de la inspección de los proyectos- haya analizado cómo se aprobaron los proyectos, quiénes aprobaron e hicieron el seguimiento a cada proyecto aprobado.

"No olvidemos que los proyectos del Fondo Indígena, que fueron aprobados, la mayoría tenía un aval de parte del directorio. El directorio se convirtió en juez y parte, porque avalaba los proyectos y hacía la contratación de los técnicos para que hagan el seguimiento de los proyectos”, indicó Castellón y agregó que otro hecho que debe identificar la Fiscalía es que cercanos a los miembros del directorio del Fondo  fueron a ofrecer proyectos a las comunidades a cambio de cobrar un porcentaje.

 

Denuncias por  proyectos "fantasma”
  •  Proyecto  El 2 de septiembre de 2013, la exministra Nemesia Achacollo firmó la Resolución Ministerial 859, mediante la cual autorizó la transferencia de recursos del Fondo Indígena para 40 proyectos. Entre esos proyectos figuran dos que ahora fueron calificados como "no existentes”, por la interventora al Fondioc. El primer proyecto -según la resolución-  tiene un costo de 950 mil bolivianos. Mientras que el segundo está registrado por un valor de 929.516 bolivianos,

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