ANP denuncia asfixia económica del Gobierno a diarios independientes
La Asociación Nacional de la Prensa advierte un nuevo atropello gubernamental a la libertad de expresión y denuncia que con estas medidas se pone en riesgo la fuente laboral de centenares de personas.
El Deber /
La
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), mediante un comunicado a la
opinión pública y a las organizaciones internacionales defensoras de las
libertades ciudadanas y los derechos humanos, denunció que el Gobierno dispuso
la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia
editorial, y con ello consuma un nuevo atropello a la libertad de expresión y
pone en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal
administrativo y de talleres de imprenta.
El documento señala textualmente: "Lamentamos que una extendida campaña
dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se
transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de
un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad.
(...) Los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que
involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son actos
que comprometen el uso de dinero y bienes públicos, y, por tanto, la ciudadanía
tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las
denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que
cumplen su función informativa.
La exclusión de los medios independientes de recibir los anuncios publicitarios
estatales vulneran el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la
Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en octubre de 2000”.
Qué dice el artículo 13
En su parte pertinente, el artículo 13 señala: La utilización del
poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de
publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio
y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y
privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en
función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por ley
