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La ONU Mujeres condena caso de acoso y violencia política

La ONU Mujeres condena caso de acoso y violencia política

Archivo. Erenia Villca Nina, concejala que denunció el caso.

   Página Siete  / La Paz 

ONU Mujeres condenó ayer  el reciente  acontecimiento suscitado en el municipio de Tapacarí, donde las concejalas Erenia Villca Nina y Elizabeth Antonieta Ureña denunciaron ser víctimas de acoso y violencia política.

Según las concejalas, el pasado 5 de mayo fueron víctimas de violencia física, verbal y psicológica por parte del presidente del Concejo Municipal de Tapacarí, Ignacio Mendoza, el alcalde de este municipio Severino Vargas y la funcionaria Eugenia Romero, quienes las habrían golpeado, insultado e intentaron ejercer violencia sexual, cuando retornaban de un acto en la localidad de Sicaya del mismo municipio.

En su comunicado,  ONU Mujeres recordó al Estado boliviano que  "tiene la obligación de cumplir la  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belén do Pará, al igual que las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de toda las forma de discriminación contra las mujeres”. 

ONU Mujeres recomendó y pidió "el esclarecimiento inmediato de las denuncias planteadas por ambas autoridades legítimamente electas del municipio de Tapacarí”. 

Esa institución "exhortó la aplicación de la Constitución Política del Estado que en su artículo 15 parágrafo II señala que ‘todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad’, la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres 243, que tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y la Ley 348 para la eliminación de toda forma de violencia”.

 ONU Mujeres se sumó al llamado del Órgano Electoral Plurinacional, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y la Coordinadora de la Mujer para que las autoridades del Ministerio Publico actúen con celeridad y transparencia en la investigación, esclarecimiento y sanción a quienes resultaren responsables de estos hechos de acoso y violencia política.
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