Abogados chilenos y de Bolivia se enviaban correos amistosos

En uno de los correos la exsubprocuradora Carmiña Llorenti le envía a los abogados chilenos documentos con la sentencia de Quiborax, retiro de acusación.
miércoles, 11 de julio de 2018 · 00:29

Página Siete  / La Paz

La defensa del Estado boliviano y abogados de la  empresa chilena Quiborax intercambiaban con frecuencia correos amistosos sobre los acuerdos borradores y temas a debatir, señala un informe de la Procuraduría General del Estado (PGE).

 En una de las conversaciones entre la  exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado,   Carmiña Llorenti, y Andrés Jana, abogado de Quiborax, el 28 de octubre de 2016, éste le dice: “Estimada Carmiña: me podrías dar el teléfono de Héctor (Arce, que era Procurador) me gustaría llamarlo directamente”.

En otra conversación  del 28 de noviembre de 2016, entre  Yovanka Oliden, también funcionaria de la Procuraduría,  y Rodrigo Gil, representante legal de Quiborax, le confirma la recepción de los documentos acordados.

“Acusamos recibo del borrador de acuerdo enviado por ustedes. Este fin de semana... frente a  los nuevos temas que nos levantarán en la conversación del jueves 24 con el doctor Jana, los temas a discutir son los siguientes: regularización de los libros de NMM (Non Metalics); firma del acuerdo; proceso civil de (David) Moscoso; situación con el socio de NMM, David Moscoso”, señala otro de los e-mails.

Asimismo el 19 de julio de 2016, la exsubprocuradora Llorenti le remite al abogado Gil otra nota con el asunto de “Re: contrato transaccional modificado”.

En el correo electrónico, Llorenti contesta (…) “como te dije yo personalmente lo veo el tema, entonces estimo que hasta el  martes estaré (sic) confirmando para vernos  la siguiente semana,  irás (sic) tú a Bolivia o dónde nos reunimos el jueves de la siguiente semana para ver la documentación”.

El intercambio de este tipo de conversaciones amistosas está citado en el Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE Nro 03/2017, enviado por el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho, al entonces procurador Héctor Arce.   

Otro de los correos se refiere a  los abogados de las dos partes  remitidos el 4 de agosto de 2016. La exsubprocuradora Llorenti se dirige a Rodrigo Gil; Daniel Ocqueteau ([email protected]; Constanza Onetto ([email protected] y Yovanka Oliden ([email protected], con asunto “Re:borrador de acuerdo”. En el escrito, Llorenti, en respuesta al correo electrónico del abogado Gil le dice que le envía cuatro documentos adjuntos: “documento fiscal Quiborax; memorial retiro de acusación; sentencia Quiborax Vi.docx y sentencia Quiborax.doc”.

La filtración

La  exsubprocuradoraCarmiña Llorenti, durante una reunión de negociación  en La Paz en agosto de 2016  con los abogados de  Quiborax y Non Metallic Minerals, prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas  demandantes.

 Su error, según la versión del Gobierno, fue dejar abierto su correo personal e institucional, hecho que fue “aprovechado” por el representante de la firma chilena, Rodrigo Gil, para reenviar desde esa dirección tres documentos a su equipo jurídico.

En el Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE  03/2017, Menacho le advierte al procurador de entonces Héctor Arce, que la filtración podría ocasionar un grave daño a la defensa de Bolivia en el caso CIADI ARB/06/2.

En 2017, la Procuraduría General del Estado inició solamente  un proceso  administrativo disciplinario  en contra de  Llorenti, por entregar información confidencial de la defensa del Estado boliviano a los abogados de NMM-Quiborax.

El   proceso

  • Sentencia   Quiborax en septiembre de 2015 obtuvo un fallo favorable, que  fue objetado por  Bolivia. Pero, a fines de mayo pasado, el CIADI reiteró al país que debe indemnizar con   57 millones de dólares  a la  chilena, por revertir sus concesiones en el Salar de Uyuni. Luego se acordó un pago final de 42,6 millones de dólares.
  •  Resolución   Luego del fallo, la Procuraduría General interpuso una proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa, por  no cumplir las normas al momento de revertir las concesiones. Según el Gobierno, el hecho originó el arbitraje internacional con la empresa chilena. El lunes, la Fiscalía General  presentó el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades contra Mesa ante el TSJ.

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