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Economía de papel

El BID propicia la cobertura universal en pensiones

Alberto Bonadona Cossío

El BID propicia la cobertura universal en pensiones

Alberto Bonadona Cossío

Publicado y auspiciado por el BID, Mariano Bosch, Ángel Melguizo y Carmen Pagés han elaborado el libro Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe. Un trabajo lleno de entusiasmo y optimismo acerca del futuro social de América Latina y el Caribe.
En líneas generales, el libro plantea la creación de una pensión no contributiva universal antipobreza, equivalente a la Renta Dignidad en Bolivia. No sólo se parece en su concepción, sino  también en su administración dentro de un sistema integral, tal y como ahora funciona el Sistema Integral de Pensiones (SIP) creado por la Ley 65.  Incluso en sus ausencias se asemeja al SIP, puesto que plantea "que el sistema obligue a todos los trabajadores a ahorrar para su vejez, independientemente de su ocupación”, pero no desarrolla exactamente la forma de hacerlo y acepta que ya es un paso que esté enunciado en una ley.
En el campo de las semejanzas, el estudio aconseja (entre otras recomendaciones): "se podría crear un impuesto sobre las materias primas”, que  en Bolivia ya se hace con los hidrocarburos, destinado "exclusivamente a financiar un pilar universal. Este impuesto generaría recursos que no podrían ser transferibles a ningún otro tipo de gasto corriente del Gobierno”. Añade un interesante elemento que podría ser incluido en una necesaria reforma del SIP; si los resultados del impuesto destinado al pago del pilar universal son mayores a su uso pensional, este excedente "se podría ahorrar en un fondo propio (que permita además cumplir con una función estabilizadora)”. Esto es, la creación de un fondo de estabilización. Aspecto que vengo enunciando desde varios años y que puede tener varias fuentes para hacerlo millonario, solvente y sostenible.
El estudio también recomienda formas creativas para llegar a los sectores informales que no cuentan con un medio estable para realizar aportes regulares periódicamente. Así, propone que se pueden realizar aportes programados, automáticos a cuentas de ahorro individual vía las recargas a celulares o mediante cargos adicionales a las facturas de agua o del uso de electricidad. Ciertamente, éstas son formas que se pueden utilizar, así como se puede adicionar al mismo proceso de recaudación los aportes que puedan realizar los transportistas mediante la pegatina que controla la carga de gasolina. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se está hablando de personas pobres que lograrán cuentas individuales también pobres. Por ello necesitan el aporte de un creciente fondo solidario financiado por una serie de fuentes que se deben crear en una nueva y necesaria reforma de la Ley 65.
El aumento de la población cotizante por medio de incentivos para que incluso el trabajador informal lo haga o se formalice, en un país con una gran parte de su población inmersa en la informalidad (cerca del 80%) y la pobreza (40%), es un gran desafío pero posible de alcanzar. Supone, no obstante, reformas radicales. Primero, se deberán modificar los sistemas impositivos con la incorporación de impuestos a los elevados ingresos (mayores a los 7.000 bolivianos) y a la gran riqueza (mayor a los 10 millones de dólares). Segundo, la creación de nuevas modalidades financieras del uso de los excedentes económicos que hagan viable reformas sociales de gran alcance. Tercero, entre estas reformas está la del SIP.
En Bolivia, y también de acuerdo con el estudio, la cobertura es universal al 100% y ocupa el primer lugar de América Latina, pero (y éste es un gran pero) ésta se alcanza gracias a la  Renta Dignidad (RD), la cual no es precisamente una pensión que otorgue continuidad al ingreso, tal y como debe ser una verdadera pensión. La RD es un pago asistencial que no reemplaza ni siquiera al 25% de los ingresos de los más pobres del país y es poco significativa para otros grupos sociales. Por otro lado, la relativa pobreza de las clases medias, a la que ahora la Ley 65 excluye del Fondo Solidario, es confirmada por el estudio que afirma que su exclusión es un mal ubicuo de los sistemas de pensiones en América Latina.
En Bolivia se tiene la posibilidad de un financiamiento que permita incluir  no sólo a las clases medias, sino a todo trabajador. Esto se puede lograr, aparte de los medios ya mencionados, con el uso rentable de excedentes que la sociedad boliviana ahora posee: superávit en cuenta comercial, superávit en el presupuesto fiscal, elevadas reservas internacionales invertidas con altos réditos frente a los actuales bajísimos réditos.  
La proyección para la población jubilada de clase media es la de posponer lo que más se pueda la jubilación para evitar niveles de pobreza en su pensión equivalentes a 30% o 40% de su actual total ganado. Para sectores informales, la proyección  es la de mantener su pobreza o de empeorarse al momento de superar los 60 años de edad. El campo se vacía de jóvenes. Los viejos rurales, además de estar abandonados, serán una de las mayores tragedias sociales que se observe en los futuros 30 años de la sociedad boliviana.
Para que el futuro de todos los viejos de Bolivia sea mejor, se requiere una nueva reforma de pensiones con la firme voluntad de hacerla universal, sostenible y no discriminatoria. Éste parece ser el deseo del estudio del BID.
 
Alberto Bonadona es economista.
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