Violencia política hacia las dirigentes

Editorial
lunes, 11 de noviembre de 2013 · 21:12
Más de dos años transcurrieron antes de que la concejala Magda Haase obtenga la tutela del Tribunal Constitucional para que se le restituya el derecho de retornar a funciones como concejala en el municipio de Tarvita,  Chuquisaca.
Más de dos años y el alcalde de este municipio todavía  sostiene que el Concejo Municipal debe ratificar la suspensión de la concejala. Es decir: a pesar de la "protección” de la determinación de  órgano jurídico, la concejala Haase aún debe esperar que el ente deliberante de su municipio acate la decisión.
Haase fue amenazada en mayo de 2011; presionada y secuestrada por más de 13 horas para que renuncie a su cargo,  supuestamente a raíz de la fiscalización que realizara la concejala a la gestión del alcalde.
 A partir de esa fecha acudió a varias instancias para denunciar el acoso y la violencia política de la que fue objeto.
La decisión del Tribunal Constitucional fue celebrada no solamente por la concejala (que cree que es un precedente para muchas mujeres electas que atraviesan su misma situación), sino por la  Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), que lleva varios años impulsando la aplicación y reglamentación de la Ley 243  Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que fue promulgada en 2009.
En el país, casi la mitad de las mujeres electas para un cargo (como concejalías) denuncian haber sido víctimas de la violencia y el acoso político y esta agresividad y abuso se extiende a espacios de dirigencia y mando que son también numerosos. Por ello, organizaciones sociales de los nueve departamentos elaboraron propuestas para avanzar en la aplicación de la Ley 243 y aportar en su reglamentación.
Entre las propuestas más importantes se encuentran la especificación del alcance de la ley dentro de su marco de protección a mujeres dirigentes de organizaciones sociales, la creación de juzgados especializados para acoso y violencia política, la creación de una fiscalía especializada sobre este tema y la determinación de procedimientos abreviados, gratuitos y en lo posible orales para la implementación de  la ley.  

La red Unitas -que trabaja activamente en este propósito- destaca que "pese a la existente estructura normativa nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres, aún persisten prácticas de dominación y barreras machistas que impiden a las lideresas ejercer de manera libre y segura sus funciones como dirigentes de organizaciones sociales o representantes políticas”. La decisión del TCP debe ser aplaudida, pues constituye un referente que, esperamos, sea más frecuente.

Muchas mujeres electas para un cargo  son víctimas de violencia y  acoso político; un abuso que se extiende a dirigencias que son  también numerosas.

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