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El trabajo infantil

Fernanda Wanderley

El trabajo infantil

Fernanda Wanderley

  Los niños y niñas trabajadores de Bolivia están movilizados en contra del artículo 126 del proyecto de ley del Código Niño, Niña y Adolescente que ratifica como edad mínima para trabajar los 14 años.
Después de la represión policial a la manifestación que protagonizaron en la sede de gobierno, el trabajo infantil está en la palestra pública, aunque sin un debate amplio y profundo que trascienda el tema jurídico.
    La opinión pública se inclina a favor de la prohibición del trabajo infantil, en concordancia con los convenios y tratados internacionales firmados por el país. Posición que se justifica porque el trabajo infantil es nocivo para el desarrollo integral, la educación y la protección de los niños, niñas y adolescentes, derechos fundamentales de la infancia.
 Dicho esto, es importante volver a la demanda de los niños y niñas trabajadores. ¿Acaso  demandan el derecho al trabajo porque están deseosos de generar ingresos en lugar de estudiar, jugar y descansar? Por supuesto que no. Para estos niños y niñas, el trabajo no es una opción, es una necesidad. Si no trabajan, no tienen qué comer. Así de cruel. Es una situación impuesta por la sociedad en la que nacieron. La misma sociedad que, paradójicamente, les prohíbe trabajar.
Se encuentran en una posición insostenible: están obligados a trabajar para sobrevivir y  tienen que hacerlo escapando del control policial, como criminales.
Como ellos mismos relatan, la prohibición del trabajo infantil se traduce en persecución policial, esto es que tienen que trabajar huyendo de la Policía. Muchos cambian el trabajo de día por el  de noche, jornada  con menos control. En vez de vender dulces pasan a vender cigarrillos en las puertas de boliches, exponiéndose a mayores riesgos.
Su demanda  se funda en la triste intuición de que la suspensión de la prohibición del trabajo infantil es más "fácil” que la implementación de políticas sociales que les permitan dejar de trabajar.
Frente a la indiferencia de la sociedad y del Estado a la realidad de más de 800 mil niños(as) trabajadores(as), ellos(as) naturalizan esta situación y lo único que se atreven a demandar es que no sean criminalizados por ella.   
Bolivia cuenta con normativas muy avanzadas de protección a la infancia, pero éstas no se traducen en políticas públicas.
La ausencia de políticas sociales integrales y sostenidas que garanticen el acceso a la educación, a la salud y a la protección de manera universal, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación, es la raíz del problema de la infancia en Bolivia.
Si escuchamos atenta y seriamente a los niños y niñas trabajadores, entenderemos que su demanda revela dos serias denuncias dirigidas al Estado, a la ciudadanía y a la comunidad internacional.
La primera se refiere a que los problemas sociales, como el trabajo infantil, no se resuelven con la firma de convenios internacionales y la aprobación de normativas nacionales. Verdad que no es evidente para muchos.
La segunda denuncia, aún más seria, es que la prohibición del trabajo infantil a secas, sin políticas sociales coherentes que les permitan permanecer en la escuela sin necesidad de ganarse el pan de todos los días, tiene el resultado de agudizar su exclusión social y la vulneración de sus derechos humanos y ciudadanos.
Esta realidad, que sólo los niños y niñas trabajadores experimentan, no puede pasar desapercibida o ser minimizada por la ciudadanía, el Gobierno y la comunidad internacional. Los niños y niñas trabajadores tienen el derecho a un debate más profundo sobre su problema y a respuestas con políticas responsables y efectivas.

Fernanda Wanderley es socióloga e investigadora.

  Los niños    trabajadores tienen  derecho a un debate más profundo sobre su problema y a respuestas con políticas responsables y efectivas.

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