Editorial

La Ley 026 y la actuación del TSE

viernes, 27 de marzo de 2015 · 00:44
Muchas fórmulas se han intentado en los últimos días para evitar que Ernesto Suárez, excandidato favorito a la Gobernación por el departamento de Beni, quede fuera de las elecciones de este domingo 29, después de que el fallo emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelara la personalidad jurídica de la sigla en todo el departamento y, por lo tanto, quedara inhabilitada su candidatura  junto a la de otros 227 postulantes a cargos municipales y de asambleístas.
Entretanto, sigue la polémica sobre la decisión adoptada por el Tribunal: algunos la respaldan, pero los más la critican. Y es que más allá de las interpretaciones políticas que tiñen uno y otro extremo, sin duda quedará para el debate que la Ley 026 de Régimen Electoral aprobada en 2010 es una de las más rigoristas de América Latina. Sanciones como la adoptada en el caso de UD en  Beni, por comentar sondeos de intención de voto en una conferencia de prensa, no se contemplan en los regímenes electorales de los países de la región, y esto habla, entre otros aspectos, de los excesos de la norma. La cancelación de un partido es la sanción máxima a una organización y, por lo tanto, su aplicación se da en circunstancias especiales. 
Esto ha sido advertido antes de que se diera este fallo. En una columna publicada en Página Siete, el expresidente de la Corte Nacional Electoral y experto en materia electoral, Salvador Romero Ballivián, comentó en julio de 2010, a poco de su aprobación, que la Ley 026 "de forma innecesaria amenaza a los medios y las encuestas, imponiendo restricciones injustificadas (...). También acorta el espacio para el ejercicio de la información y el comentario. Es un inquietante paso atrás”.  De modo que convendríamos en que el origen está en el defecto conceptual de la Ley, aspecto que es de responsabilidad del Congreso que la redactó y la aprobó, y no del Tribunal que la interpretó y aplicó.
Pero, volviendo a la interpretación, el TSE se basó, para realizar la sanción, en el artículo 136 que, en su sección III, sostiene que "las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el OEP por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.
Nótese que después de referirse a "cualquier medio” (que en el caso que se comenta fue una conferencia de prensa), la norma añade en la misma frase, dando por lo tanto continuidad al concepto, que la sanción pecuniaria se vincula con la tarifa para publicidad "inscrita por el medio de difusión en el OEP”. Con esto se infiere, en lógica jurídica, que la ley se refiere a un espacio pagado por la organización política en un medio de comunicación como propaganda, no a un encuentro con la prensa, como fue el caso que originó la sanción a UD en Beni.
Este importante aspecto, que sugiere una interpretación corta de miras, da pie para reflexionar sobre la forma en que el TSE aplicó la sanción. Después de haber sido criticado en numerosas ocasiones por la poca contundencia con que aplicó esta misma norma (por ejemplo, las denuncias de la presencia de la candidata del MAS, Felipa Huanca, en la entrega de obras del Gobierno, que fueron desestimadas por el TSE; o las diversas denuncias de coacción al voto de parte del propio Presidente del Estado), en esta ocasión el organismo electoral decide, sin miramiento alguno, aplicar la máxima sanción a una organización opositora.

Dos tareas quedarán pendientes para adelante: por un lado, la revisión de una Ley que contiene defectos de fondo y que no condice con el convencionalismo internacional en material de regímenes electorales, y luego, el sesgo político con el cual pudo haber actuado este cuerpo de vocales en la aplicación de una sanción tan polémica por la grave desproporción entre la supuesta falta y la sanción.

El origen está en el defecto conceptual de la Ley, aspecto que es de responsabilidad del Congreso que la redactó y la aprobó en la legislatura de 2010.

 

El papel de este cuerpo de vocales en la aplicación de una sanción tan polémica es grave por la desproporción entre la supuesta falta y la sanción.

 

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