Que nadie se engañe

martes, 05 de diciembre de 2017 · 00:05

El Gobierno pretende aniquilar al gremio médico porque lo considera una “elite” contestataria a sus designios de politiquería que han destruido nuestra institucionalidad. La negligencia médica es un pretexto que los autócratas utilizan para lograr implantar oscuras agendas, cuando deberían saber que leyes abusivas y denigrantes contra los médicos no contribuyen a evitar la negligencia médica.


En una década no se preocuparon de  las políticas de salud pública, coherentes con la intervención en todos los pasos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, y la seguridad alimentaria,  además entorpecieron y rechazaron los aportes indiscutibles de  las agencias de cooperación internacional y ONG, que en el tema de salud, con esquemas innovadores, pueden coadyuvar al sector público, incapaz de solventar las inversiones necesarias en salud.  


Priorizar el acceso universal a los servicios sanitarios básicos (alcantarilla, luz, agua), en lugar de canchitas y coliseos.  Proponer estrategias de planificación y dotación de recursos de salud como prioridad nacional por expertos, y no el vergonzoso despilfarro que paradójicamente construye hospitales que funcionan como centros de atención primaria por falta de coordinación de los niveles de atención de salud. 


Fomentar y destinar recursos para mejorar el nivel de formación académica de profesionales médicos en Bolivia para evitar la tramposa demagogia de traer médicos cubanos desesperados de salir de su país; con dudosa formación y que se atreven a efectuar operaciones a miles de ciudadanos de áreas rurales de  enfermedades que no requieren cirugías masivas.


Invertir en un sistema de educación de postgrado y residencia médica que pueda cubrir los requerimientos de la nación. Creación y apoyo presupuestario a centros de investigación científica de nuestras patologías. Certificación y recertificación de los médicos por las sociedades científicas y Colegio Médico apoyado, y alentado por el Estado y no debilitado y abusado por simple venganza. 


Elaborar guías y protocolos de evaluación, diagnóstico y tratamiento consensuados por las instituciones involucradas que permitan efectuar auditorías médicas imparciales. 


Dotación de personal médico y paramédico, equipamiento, laboratorios, camas suficientes y tecnología acorde a los niveles de atención para evitar la vergonzosa situación de pacientes con cáncer, que en pleno siglo XXI no tienen acceso a tratamiento básico, como radioterapia, en hospitales donde los pacientes yacen en el suelo.


La salud pública ocupa en el ranking de la OMS uno de los últimos lugares en América Latina, similar a los países africanos más pobres, debería, por lo tanto, tener absoluta prioridad y ser conducida por los ciudadanos más idóneos, y mejor calificados y no por variopintos ministros de salud improvisados, sin experiencia ni formación,  que han tratado de engañar a los ciudadanos con peroratas y conceptos de absoluta falta de respeto a los profesionales médicos que sacrificadamente desarrollan su trabajo en las condiciones más adversas. 


Las autoridades deberían saber también que la medicina privada -que pretenden destruir como chivo expiatorio del calamitoso manejo de nuestra salud de ahora y siempre- cubre sólo al 10% de la población; mientras que nuestro atraso hace que 30% de los conciudadanos no tengan acceso al sistema de salud; mientras QUE los gobernantes con un descaro impresentable corren al exterior del país por nimiedades absurdas.


Finalmente, recordarles a los que pretenden eternizarse en el poder que la lucha de los médicos no es política sino principista y debería ser definitiva sin componendas, porque en el futuro deberemos responder a las nuevas generaciones de médicos que tendrán que desempeñar su trabajo en condiciones de oprobio y  abuso.

Octavio Aparicio Otero es médico cardiólogo  y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UMSA.

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