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Carlos Alarcón Mondonio

Casa Grande del Pueblo: símbolo de ilegalidad y abuso de poder

Casa Grande del Pueblo: símbolo de ilegalidad y abuso de poder
El Artículo Único de la Disposición Transitoria de la Ley 313, de 7 de diciembre de 2012, que declaró de prioridad nacional la construcción de la Casa Grande del Pueblo y el Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, expresamente "exceptúa” la aplicación de los artículos 83, 95, 120, 133 y 136 de la ley 2028 de Municipalidades. Veamos cuál es el alcance de las normas legislativas exceptuadas (violadas) en su cumplimiento obligatorio para este caso particular:
 
Se exceptúa el cumplimiento obligatorio, inexcusable y prioritario, para las personas individuales o colectivas, públicas o privadas de las normas nacionales de planeación urbanística de ingeniería y uso del suelo, subsuelo y sobresuelo, sea cual fuera la naturaleza y características de las obras a construir (Art. 83).
 
Se exceptúa la protección del Estado de los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos, históricos, ecológicos y arquitectónicos de la nación, o los procedentes del culto religioso, ya sean de propiedad privada, pública o de la iglesia, que podrían resultar dañados o afectados por las obras a construir. Así como la obligación del Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales de precautelarlos, conservarlos, preservarlos y mantenerlos, frente a la construcción de las mismas (Art. 95).
 
Se exceptúan las Restricciones Administrativas que la autoridad municipal puede imponer a estas obras de construcción en atención a la planificación municipal y al interés público (Art. 120).
 
Se exceptúa el respeto al patrimonio histórico-cultural y arquitectónico, los recursos naturales y los valores paisajísticos del terreno, de acuerdo con las normas técnicas expresas sobre dicha preservación y contextualización, que podría resultar afectado por estas obras de construcción (Art. 133). 
 
Se exceptúa la responsabilidad civil y penal de los profesionales topógrafos, arquitectos e ingenieros que presten servicios técnicos en fraccionamientos, urbanizaciones y construcción de bienes inmuebles por la no verificación, concordancia, ajuste y pleno cumplimiento de las normas municipales y nacionales urbanísticas, de ingeniería y de uso del suelo (Art. 136). 
 
Lo primero que destaca de estas excepciones dispuestas por la Ley 313 es que son inconstitucionales porque atentan contra el patrimonio cultural del pueblo boliviano consagrado por el artículo 99 de la CPE. Esta norma constitucional dispone que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore es patrimonio cultural del pueblo boliviano, y que el Estado garantizará, entre otras cosas, la protección de este patrimonio.
 
Son precisamente los artículos 83, 95, 120, 133 y 136 de la Ley 2028 de Municipalidades los que garantizan, en cumplimiento de la Constitución, la protección de este patrimonio cultural del pueblo boliviano, exceptuarlos en su aplicación para un caso concreto, es dejar para este caso particular sin protección a este patrimonio como lo manda y exige la Constitución.
 
 Por otra parte, las normas legislativas de alcance general se cumplen o no se cumplen, se mantienen tal como están o se las modifica, sustituye, deroga o abroga con alcance general, exceptuarlas en su aplicación o cumplimiento para un caso particular, aún bajo la forma de otra ley, en esencia es una violación disfrazada de formas o apariencias de legalidad; en esto se aplica la doctrina del "fraude a la ley”, bajo la apariencia de un respeto y cumplimiento ésta, en realidad se esconde su quebrantamiento y violación.
 
Lo más grave de todo, que se evidencia con la construcción de estos "engendros” de cemento como los calificó el expresidente Mesa, no es su falta de estética y la violación del patrimonio cultural de los bolivianos, que ya de por sí es un hecho muy grave, sino el abuso autoritario de poder que trasuntan, por el culto a la imagen y personalidad del caudillo, que se considera el alfa y omega de la historia de Bolivia, en la que su omnímoda voluntad es lo único que cuenta por encima de la Constitución y la ley. 
 
Con este tipo de regímenes de Gobierno de los hombres y no de las leyes, todas las libertades y derechos ciudadanos, individuales, colectivos y sociales, se encuentran en grave riesgo.
 
Carlos Alarcón Mondonio es abogado constitucionalista.    
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