La fabricación de delitos por el Gobierno

lunes, 17 de julio de 2017 · 12:00:00 a.m.
"Alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana”. Así empieza El proceso de Franz Kafka. 
 
El protagonista,  Josef K, es acusado de un delito que no existe y se ve atrapado en los laberintos de una burocracia escabrosa  de la que no hay salida. Nadie sabe quién dirige los engranajes que propician la acusación. La situación en la que se encuentra K, a pesar de ser aparentemente absurda, es la misma que viven en Bolivia los críticos del gobierno de Morales y su vicepresidente.
 
 El ultimo ejemplo de juicio -venganza, es el caso del periodista Rafael Archondo, al que el Viceministerio de Corrupción le inició un juicio criminal bajo el uso tramposo y equivocado de  artículos del Código Penal ajenos a los hechos que le imputan. Similar abuso es el proceso que se sigue al exmagistrado Gualberto Cusi, a Doria Medina y a muchos otros bolivianos inocentes. Más terribles aún fueron los funestos casos Bakovic y Hotel las Américas,  con muertes extrajudiciales y tortura.
 
 El engranaje kafkiano, como ilustró ante la CIDH el exmagistrado Gualberto Cusi, empieza con una decisión de alguno de los tenebrosos jerarcas en el poder de deshacerse, de alguien que consideran peligroso, sea de la oposición o de sus propias filas  (traidor a la causa). Una vez elegida la víctima, encargan a algún funcionario o a los propios fiscales la fabricación de un delito penal que permita detener al opositor. 
 
 Dentro de esa estrategia, los fiscales y algunos jueces cumplen funciones de persecución política, como lo hacían, durante las dictaduras, los organismos de inteligencia. Para ese efecto -según Cusi- se creó un llamado "gabinete jurídico”, el cuál decide bajo qué cargos fabricados se detiene y condena a opositores políticos.
 
 En el caso de Archondo, el Gobierno tuvo el descaro de añadir para su acusación violaciones a un mamarracho legal y conceptual pomposamente denominado "Ley del Servicio Exterior” promulgada el 2013. La acusación tiene que ver con funciones que desempeñó Archondo en la misión ante Naciones Unidas, cuándo se quedó interinamente a cargo de la misma ante la ausencia del Representante Permanente (como se llama a los embajadores acreditados ante organismos internacionales).  A tiempo de retirarse, el entonces embajador Solón acreditó a Archondo como Representante Permanente Alterno. Por lo tanto, para fines prácticos de las Naciones Unidas, éste no usurpó funciones sino que era el delegado alterno  en ausencia del titular. Si Archondo, en otros ámbitos, utilizó un rango equivocado, es un error más atribuible a la falta de oficio diplomático de los miembros de la misión y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que debió enviar instrucciones específicas al respecto, que a un delito criminal.  
 
 Por otro lado, es extraño que la nomenclatura del Gobierno, desde Morales hasta el Canciller y el Vicepresidente, que  estuvieron en Naciones Unidas cuándo Archondo ejercía la representación alterna, no corrigieron esa situación hasta que éste, años después de que dejó de ser funcionario,  en sus labores periodísticas irritó a alguien con mucho poder en el Gobierno y recién entonces decidieron castigarle.
 
 El Estado de perversión en el que el actual Gobierno ha colocado al sistema judicial debiera ser una de las mayores preocupaciones de la sociedad boliviana. Un país sin justicia es la mayor amenaza a la libertad, la seguridad y a los derechos fundamentales de las personas.  Lastimosamente, en Bolivia, no hay confianza en la justicia, pero tampoco hay conciencia de lo atroz que es un sistema donde un enemigo invisible con poder puede decidir sobre la libertad de cualquier ciudadano inocente. 
 
 La justicia es uno de los altares superiores de la convivencia civilizada en toda sociedad y no puede ser devastada por los vientos creados por quienes buscan perpetuarse en el poder. En Bolivia hoy,  no es necesario cometer delitos para ser acusado penalmente. Los operadores del Gobierno han descubierto la estrategia de fabricar delitos para eliminar a sus enemigos y también a sus examigos. 
 
 ¿Cómo podemos aceptar la sentencia de tribunales de justicia que violan la ley cuando ellos mismos debieran estar sometidos a juicio?

Jaime Aparicio Otero es consultor político y expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA.
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