Nuevo mayo, mismo ritual… ¿diferentes resultados?

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lunes, 16 de abril de 2018 · 00:06

 Como una voz disonante al rito anual de la “negociación salarial”, desde 2010 afirmamos que este proceso sólo cumple un doble propósito: librar al Estado de participar en la equitativa distribución del ingreso; y ocultar los efectos de la política tributaria del Gobierno, con sus insaciables metas de recaudación.

Las Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2016 aportan nuevo respaldo a tal afirmación. Elaborado la OCDE, el CIAT, la Cepal y el BID, el documento presenta datos detallados y comparables internacionalmente sobre las recaudaciones fiscales. Muestra que Bolivia es uno de los tres países más pobres de la región (medido con el PIB per cápita) pero que junto a Brasil y Argentina lidera en el monto de recaudaciones tributarias como % del PIB. 

El drama es que el aumento de las recaudaciones en Bolivia ha sido posible a costa del ingreso y de la capacidad de consumo de las personas.

Recordemos que en las cuentas nacionales del ingreso, el PIB es la suma de la remuneración a los trabajadores y empleados (REM), del excedente bruto de las empresas (EBE)  y de los impuestos (IMP). Entre 2000 y  2015, el EBE se ha mantenido alrededor del 50% del PIB, pero en el mismo período las recaudaciones subieron del 17% al 26,5%, mientras que las REM caen (por simetría) del 35% al 27,6% del PIB. Es decir, en 2000 el monto destinado a remunerar al trabajo era el doble que los tributos, pero desde 2012 las recaudaciones igualan el valor total de las remuneraciones; es más, escapando al sentido común, el incremento anual de recaudaciones iguala o supera el aumento en REM, lo que significaría que “el aumento salarial anual termina en el saco fiscal”.

Como la gran mayoría de los impuestos se transfieren a los precios, la presión fiscal recae en los hogares, reduciendo el poder adquisitivo de los ingresos laborales. Otros, como los impuestos a los inmuebles, vehículos, transacciones financieras, contribuciones al seguro social y jubilaciones (a las que desde 2010 el Estado dejó de aportar), y las innombrables “multas por contravenciones”, reducen directamente el ingreso disponible del (auto)empleo formal.

Para los actuales administradores del Estado, el único objetivo es maximizar recaudaciones. Desde el punto de vista de los productores y de los consumidores, esta realidad es una de las causas estructurales del contrabando, de la destrucción del aparato productivo y de la acelerada precarización del empleo: como los impuestos reducen el ingreso disponible y la capacidad de consumo, el consumidor final está forzado a consumir productos más baratos; la producción interna no los puede ofrecer, por lo que tiende a desaparecer frente a la competencia externa.

Se reducen las inversiones productivas nuevas, el empleo productivo y los ingresos laborales; en reacción, aumenta el empleo informal (e ilegal, como en el propio contrabando), acelerando el deterioro del aparato productivo. Por último, desde la perspectiva del crecimiento, al reemplazar empleo productivo por ocupaciones improductivas en la burocracia pública, la sobre-presión impositiva reduce el crecimiento –real y potencial– de la economía.

En resumen, no son procesos inflacionarios la causa del bajo poder adquisitivo de los salarios, sino las irracionales metas de recaudación que quitan competitividad a la producción interna y capacidad de compra a los trabajadores. Discutir aumentos salariales en las condiciones actuales es un falso debate. Antes de hablar del crecimiento económico, de la productividad, o de los niveles de inflación, hoy, mejorar los ingresos laborales e impulsar el crecimiento sostenido de la economía  requiere una reforma impositiva estructural destinada a dar sentido a la política fiscal, y racionalidad a la recaudación y al uso de los impuestos.

Implica concebir, diseñar y adoptar una política tributaria compatible con una economía para la gente, enfocada en el desarrollo a largo plazo y en la que el empleo digno y productivo sea un medio y una meta estructural. Construir esa economía es el desafío pendiente de la izquierda.

Enrique Velazco Reckling es Ph.D. 

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